El canciller José Antonio García Belaunde consideró hoy diplomática la reacción del gobierno de Hugo Chávez frente al asilo otorgado por el Perú al opositor Manuel Rosales, y desestimó que ese tema deba interrumpir la fluida relación entre ambos países.
El canciller José Antonio García Belaunde consideró hoy diplomática la reacción del gobierno de Hugo Chávez frente al asilo otorgado por el Perú al opositor Manuel Rosales, y desestimó que ese tema deba interrumpir la fluida relación entre ambos países.
Indicó que era evidente que Caracas no iba a estar de acuerdo con la concesión del asilo, debido al proceso judicial iniciado en ese país contra Rosales y al pedido solicitado a la Interpol para detenerlo.
Sin embargo, consideró que Venezuela tendría muy claro “que el Perú es un país que no podía hacer otra cosa” que otorgar el asilo a un político opositor que se sentía perseguido.
“Creo que las relaciones entre Perú y Venezuela se han venido desarrollando muy fluidamente en los últimos tiempos, superada esa etapa del proceso electoral peruano, y no veo que este tema deba interrumpir esa fluidez”, señaló.
Venezuela acordó el lunes llamar a consultas a su embajador en Lima y someter a "revisión" la relación con Perú en protesta por el asilo otorgado a Rosales, que consideró una burla contra el derecho internacional y un agravio contra el pueblo de Venezuela.
“No ha habido ninguna reacción destemplada en momento alguno (…) Creo que es una reacción diplomática, tradicional en el sentido son las formas y usos como se debaten las cosas entre los estados”, comentó el canciller peruano.
García Belaunde expresó en RPP su confianza en que Venezuela “privilegiará de todas maneras esta relación con el Perú que es histórica y de Estado”
En torno al asilo a Rosales,el presidente Alan García señaló que el Perú no desea ninguna circunstancia que altere la buena relación con Venezuela, aunque sostuvo que la primera obligación de un gobierno democrático es “proteger a quien se sienta amenazado.”
Rosales, quien fue elegido alcalde de Maracaibo en noviembre de 2008, fue acusado en marzo por el Ministerio Público de Venezuela de incurrir en el presunto delito de "enriquecimiento ilícito" durante los años 2000-2004, cuando fue gobernador de estado occidental del Zulia.
El alcalde ha rechazado la acusación, y sostiene que el proceso en su contra responde a "una orden" de Chávez, a quien se enfrentó en las elecciones presidenciales del 2006.
