En la comisaría de Bagua permanecieron detenidos tres menores de edad desde el 5 de junio, día de los enfrentamientos entre la Policía y los nativos, y recién el último martes fueron liberados, denunció desde Bagua Juan José Quispe, asesor legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
En la comisaría de Bagua permanecieron detenidos tres menores de edad desde el 5 de junio, día de los enfrentamientos entre la Policía y los nativos, y recién el último martes fueron liberados, denunció desde Bagua Juan José Quispe, asesor legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
Además, según el abogado, a los que continúan arrestados no se les permite que un abogado de su elección esté presente, conferencie con ellos y les asesore; sólo les asignan abogados de oficio y no permiten la participación de un intérprete.
En diálogo con la CNR, el abogado explicó que por orden del juez se impide la participación de los intérpretes, pese a que los nativos manejan un castellano precario. “Si se les hace una pregunta con lenguaje jurídico, tendrían serias dificultades. Necesitan desde un inicio un intérprete y no lo tienen”, afirmó.
Asimismo, informó que el número de desaparecidos es incierto ya que hay que cotejar las listas de personas detenidas en Bagua Chica, Bagua Grande, el cuartel El Milagro, los derivados a Seguridad del Estado de Chiclayo, además de otro grupo de detenidos recientemente por no tener documentos.
Acerca de los detenidos en el cuartel El Milagro, Quispe informó que la cifra oficial es de 25 comuneros. Explicó que si bien por ley el Ejército puede detener, inmediatamente debe poner a disposición de la policía y comunicar el hecho al Ministerio Público para iniciar la investigación, pero estas personas se hallan internadas desde el viernes.
“Nos pusimos en contacto con el Ministerio Público, que ha ordenado que 42 personas, luego 35 y ahora 25 se queden en calidad de depositados en el cuartel porque no tienen la infraestructura necesaria. Esos indígenas están ahora en calidad de depositados con custodia de la policía nacional”, apuntó.
Con ello, negó la versión de que el Ejército habría detenido a estos nativos y estaría manteniéndolos internados, porque es una disposición de la fiscalía. No obstante, destacó que es un hecho insólito que la fiscalía haya dispuesto depositar a un grupo de personas en una base militar.
Por otra parte, denunció que recién este miércoles se ha abierto la ayuda humanitaria en víveres y ropa, y trascendió que hasta ahora se seguiría impidiendo en ingreso de raciones alimenticias.
Otra denuncia del representante de APRODEH fue sobre un grupo grande de refugiados en una casa pastoral de Bagua Grande. Según información recogida en el lugar, cuando la Policía hace el registro para llevarlos en camión y devolverlos a sus comunidades, acusan a los nativos de portar algún polo, lentes u otra prenda pertenecientes a la policía y les obligan a quedarse, pese a que son donaciones que ellos han recibido para cambiarse la ropa que quedó raída durante la protesta.
Lo que también pudo constatar fue que muchos indígenas están ocultos y se les estaría considerando como desaparecidos. “Con el toque de queda, la policía y el Ejército hacen operativos continuos y eso hace que muchos estén temerosos de regresar”, observó.
El letrado indicó que todas estas irregularidades fueron informadas a las autoridades y que a través de una conferencia de prensa en Bagua dieron cuenta a la opinión pública.
