Mientras se teme que el indultado José Francisco Crousillat pueda salir del país en cualquier momento, hoy el diario La República publica una reveladora carta enviada por el director del penal San Jorge, César Orozco Barrios, quien denuncia que fue víctima de amenazas y presiones de los abogados y la familia del citado empresario.
Mientras se teme que el indultado José Francisco Crousillat pueda salir del país en cualquier momento, hoy el diario La República publica una reveladora carta enviada por el director del penal San Jorge, César Orozco Barrios, quien denuncia que fue víctima de amenazas y presiones de los abogados y la familia del citado empresario.
Por increíble que parezca quien recibió la misiva en marzo del presente año, fue nada menos que la entonces ministra de Justicia, Rosario Fernández, quien no hizo nada para evitar este atropello y permitió que Crousillat siga internado en una clínica local, pese a que -según un informe rubricado por Orozco- su estado de salud era estable.
Por ello, Orozco Barrios, se vio obligado a renunciar irrevocablemente no sin antes comunicar lo propio a sus superiores, entre ellos Bertha Chacaltana, directora regional de la oficina de Lima.
Llamadas efectuadas por el abogado Jorge Castro desde la clínica a diferentes personajes provocaron que el traslado se frustre y que el director debiera retirarse de la clínica con su personal de seguridad y con los galenos de la junta médica del Inpe.
Renuncia irrevocable Al verse atado de manos, sin respaldo de las autoridades del INPE y denunciado penalmente por el abogado de Crousillat por supuesto intento de homicidio a su patrocinado, el funcionario renunció a su cargo de director.
La República tuvo acceso, además de las actas médicas ocultas, a varios oficios que relatan los incidentes producidos el pasado 6 de marzo en la clínica El Golf.
Entre los documentos obtenidos figura el oficio que el director renunciante envía a diferentes autoridades, donde da cuenta de las irregularidades cometidas y a las presiones a las que fue sometido durante el corto tiempo que duró como director del San Jorge.
En el oficio remitido a la ministra de Justicia Rosario Fernández, el director le pone en conocimiento de que “las nuevas autoridades del Inpe flexibilicen el régimen penitenciario de los internos que se encuentran por los delitos de corrupción”.
Según se desprende de este documento, Orozco se refiere entre otros al funcionario aprista Jorge León Ballén, que fue colocado en la presidencia del INPE en febrero en reemplazo de Leonardo Caparrós.
Jorge Ballén, como jefe del Inpe, estuvo enterado no sólo de las actas médicas que determinaban que él interno Crousillat estaba bien clinicamente, sino también de la cancelación del traslado a su establecimiento penitenciarios. César Orozco le solicita a la entonces ministra Fernández que ante la pasividad de sus superiores “tome las medidas correctivas con el Consejo Nacional Penitenciario”.
Silencio cómplice César Orozco renunció irrevocablemente y, según se sabe, la ministra no tomó ninguna medida para resolver el tema Crousillat. Los medios de prensa dieron cuenta parcialmente de la renuncia del director penitenciario.
El 14 de marzo, ante la insistencia de los periodistas, la ministra de Justicia Rosario Fernández aseguró que la renuncia del ex jefe del penal San Jorge, César Orozco Barrios, fue “porque se sentía fastidiado e incómodo”.
En algunos medios se señaló que su cese se debía a “las continuas amenazas que recibió”, pero nunca se obtuvo una respuesta clara y transparente del ministerio de Justicia ni del Inpe. Según los documentos obtenidos, César Orozco intentó ofrecer una conferencia de prensa, pero razones personales lo obligaron a desistir.
Semanas después, el renunciante fue colocado en la oficina administrativa de una prisión limeña pese a su capacidad de dirección.Según fuentes penitenciarias, “fue fondeado” para evitar que hablara de lo que fue testigo.
La República ubicó al funcionario penitenciario César Orozco Barrios, pero éste se negó a declarar a pesar de nuestra insistencia a ofrecer su versión de los hechos ocurridos durante su gestión. Simplemente señaló que “la situación de San Jorge ya no estaba en sus manos y, además, como funcionario público no tiene autorización para declarar.
Orozco fue designado director penitenciario el 3 de febrero del 2009, pero sólo duró un mes y cuatro días en San Jorge. El contenido de las cartas mostradas por este diario demuestran claramente porque Orozco se vió obligado a renunciar irrevocablemente ese cargo crucial.
El secretario de la Junta Médica Penitenciaria del Inpe, José Janampa Coronado, responsable de las primeras tres evaluaciones a Crousillat, fue recolocado en mayo pasado al establecimiento penitenciario Lurigancho por orden de la presidencia del Inpe.
