El exministro de Defensa Ántero Flores Aráoz propuso al Congreso de la República emitir una ley que complemente las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para que ésta pueda ejercer control sobre las donaciones que reciben las ONG.
El exministro de Defensa Ántero Flores Aráoz propuso al Congreso de la República emitir una ley que complemente las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para que ésta pueda ejercer control sobre las donaciones que reciben las ONG.
En ese sentido, recordó que durante el gobierno pasado se aprobó una norma para que la APCI pudiera ejercer mayor control sobre las ONG. Sin embargo, el Tribunal Constitucional (TC) declaró que algunos artículos de dicha ley eran inconstitucionales.
"El TC dijo que es constitucional que se registren las ONG, que se registren los aportes que reciben, pero que es inconstitucional supervisar que esos aportes se empleen en lo que dicen que se van a emplear", explicó a Correo.
Por ello, consideró necesario que el Parlamento emita una ley que "complemente la norma con un espíritu de fiscalización".
El también expresidente del Congreso argumentó que la norma, tal y como está redactada actualmente, no contribuye en absoluto a fiscalizar el trabajo que vienen desarrollando las ONG, pues nadie sabe si usan el dinero que reciben del exterior para cumplir los fines por los que fueron creadas o para promover violencia o protestas en el interior del país.
Eso sí, expresó su reconocimiento a las ONG que defienden como se debe los derechos humanos en el país, lejos de generar conflictos interesados.
CONTROL. Por su parte, la congresista de Fuerza 2011 Martha Chávez consideró que tiene que haber un mayor control sobre este tipo de organizaciones. "Siempre puede hacerse una investigación de los fondos y actividades que realizan las ONG", opinó la legisladora, aunque alertó además que se debe hablar de ella con cuidado para no victimizarlas.
La legisladora fujimorista recordó que en el Código Civil existen normas expresas que señalan que se puede solicitar la inhabilitación o el cese de las organizaciones que se dediquen a promover la violencia.
