La decisión de suspender al congresista fujimorista, Julio Gagó, por 120 días en el ejercicio de sus funciones depende ahora del Pleno del Congreso de la República, luego de que ayer la Comisión de Ética aprobó recomendar dicha sanción.
Gagó es acusado por presuntamente haber contratado con el Estado, a través de la empresa Copi Depot, pese a estar impedido por la Ley.
La votación final fue de seis votos a favor y una abstención, de la parlamentaria fujimorista Cecilia Chacón, quien reemplaza en dicho grupo de trabajo a su colega de bancada Juan Díaz Dios, por enfermedad.
Chacón aclaró el sentido de su voto porque considera que los 120 días de suspensión es una sanción exagerada, y no por un deseo de blindar a su compañero de bancada. Además, dijo que la propia Fiscalía de la Nación, ha determinado que Gagó no incurrió en delito penal.
En el informe final de la secretaría técnica de ese grupo de trabajo se recomienda suspender al congresista Gagó por 120 días de sus funciones, por faltar a la investidura de su cargo, al buscar eludir la prohibición del artículo 10° de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual indica que los congresistas están impedidos de licitar con el sector público.
«El congresista habría estado ocultando la verdad de los hechos, simulando que la persona de Amancio Armas Vílchez y la empresa Copy Depot S.A. son independientes de su persona y de la empresa Maquinarias Jaamsa (siendo lo real que, en los hechos, su persona dirigía la empresa Copy Depot S.A.), con la finalidad de que la empresa Jaamsa continúe beneficiándose con la venta de productos al Estado Peruano», dice el documento.