Los fiscales peruanos a cargo de la investigación del pago de presuntos sobornos relacionados con la carretera Interoceánica durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García, establecieron canales de comunicación y coordinación con sus homólogos brasileños para el intercambio de información que ayude al esclarecimiento de los presuntos actos de corrupción que son materia de investigación en el Perú y Brasil.
Como se recuerda se investiga a la empresa Camargo Correa y otras constructoras brasileñas por el pago de los presuntos sobornos en el marco de la construcción de la planta de tratamiento de agua de Huachipa. El encuentro de los fiscales peruanos fue con el Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación (Autoridad Central) del Brasil.
Los representantes del Ministerio Público, quienes viajaron a Brasil por disposición del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, fueron recibidos por las más altas autoridades de las instituciones involucradas en las investigaciones que se llevan a cabo en ese país. La comitiva estuvo conformada por el fiscal superior Alonso Peña, Jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación (Autoridad Central), y el fiscal a cargo del caso, Hamilton Castro, entre otros.
El viaje de trabajo, que se realizó entre el 27 y el 31 de julio último, tuvo como propósito gestionar, ante las autoridades del Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Federal brasileños, una respuesta rápida al pedido de asistencia judicial enviado por el Perú para la remisión de lo actuado en el caso denominado “Castillo de Arena”, que tuvo lugar en Brasil durante el 2009, y en cuyo marco se habría hallado documentación relacionada con presuntos pagos ilícitos a funcionarios peruanos, según han informado ampliamente los medios de comunicación.
Como se sabe, lo actuado en el referido operativo “Castillo de Arena” fue declarado nulo por el Tribunal Supremo Federal de Brasil en febrero de este año. Pese a esta declaratoria de nulidad y a las dificultades que ella podría entrañar, es deber del Ministerio Público del Perú agotar todos los esfuerzos ante las autoridades brasileñas para que la información relacionada con delitos cometidos en nuestro país sea compartida por Brasil, con arreglo a los compromisos internacionales de lucha contra la corrupción.
Es en esa línea de trabajo que se enmarcan las gestiones realizadas por los fiscales peruanos ante la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de la República de Brasil y la Autoridad Central de Cooperación Internacional, esta última perteneciente al Ministerio de Justicia de ese país.
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— Periodismo en Línea (@periodismoperu) febrero 18, 2015