El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, admitió hoy que todo el poder lo tiene el Congreso de la República en el último año de gestión del mandatario Ollanta Humala, esto ante versiones de que el gobierno promovería la disolución del Legislativo ante una eventual censura del ministro de Justicia Gustavo Adrianzén.
En rueda de prensa, Pedro Cateriano respaldó la gestión de Gustavo Adrianzén ante la moción de censura presentada en su contra, la misma que sería votada esta semana y significaría la salida obligada de otro ministro de Estado del régimen nacionalista.
«Nosotros creíamos que íbamos a conducir al país dentro de un cause de entendimiento..En este momento el presidente Ollanta Humala no puede ejercer el derecho de disolución del Parlamento, porque es el último año de su mandato», remarcó Pedro Cateriano.
En ese sentido, Pedro Cateriano explicó que si el Parlamento inicia un proceso de interpelaciones y censuras permanentes, «el Ejecutivo ya no tiene ningún mecanismo de defensa sino todo el poder lo tiene ahora el Parlamento». «En ese sentido consideramos que el proceso eleccionario (comicios del próximo año) requiere de estabilidad política», precisó.
Consultado sino hay otra salida ante la eventual censura de Gustavo Adrianzén, Pedro Cateriano dijo que no se adelanta a opinar sobre hechos y remarcó que sólo exhorta a que dentro del marco constitucional se apliquen las normas legales y las responsabilidades políticas vía interpelaciones o censura «no sean justificación para mostrar discrepancia política frente a un ministro de Estado».
En otro momento, Pedro Cateriano insistió en que al gobierno no se le puede imputar ninguna responsabilidad política ni jurídica por normas legales que se dictaron con anterioridad, esto en alusión a la normatividad que le prohíbe declarar a la procuradora Julia Príncipe, quien investiga a Nadine Heredia y el contenido de sus agendas.
«No son iniciativas de este gobierno (leyes que prohibe declarar a la procuradora), mientras una ley o norma no sea derogada por el Parlamento, un funcionario público debe cumplirla no interpretarla, en cambio un juez puede preferir la constitución y no aplicar la ley», explicó.
Pedro Cateriano añadió que el gobierno no tiene competencia para derogar leyes con la excepción de la delegación de facultades legislativas. «Si interpretan que la ley que rige a la procuraduría constituye una mordaza el Congreso debe derogarla, pero no hacer interpretaciones», explicó.