Cuando Carlos vio a los delincuentes disparar contra la puerta de su local, se dio cuenta de que estaban hablando en serio. Entendió que más de quince años de trabajo arduo habían llegado a su fin, al menos por un tiempo.
Carlos, así será llamado para proteger su identidad, es un empresario peruano del rubro textil que se vio obligado a cerrar su negocio y abandonar la capital, Lima, debido a las amenazas de una banda de extorsionadores.
“Toda esta situación comenzó la madrugada del 24 de noviembre de 2023 cuando unos sujetos en una moto bajaron y de frente dispararon contra mi local. Como yo no estaba dispuesto a negociar con delincuentes, presenté mi denuncia ante la Policía. Entonces, el 30 de noviembre, volvieron a atacar y dejaron una nota en la que decían que tienes que pagar cupo y que si no pagas, te vamos a matar”, recordó.
Carlos es uno de los más de 19 mil peruanos que han denunciado ser víctimas de extorsión en el 2023. Una cifra alarmante si se toma en cuenta que han pasado de 4.119 denuncias en el 2021 a 19.401 en el 2023, es decir, cinco veces más en tan solo dos años.
“Yo pensé que la Policía iba a actuar inmediatamente contra los extorsionadores, pero no. Mis empleados no querían venir a trabajar, tenían temor. Yo tampoco podía ponerlos en riesgo así que tuve que cerrar el negocio y buscar la manera de subsistir”, se lamentó Carlos.
El caso de este mediano empresario está en manos de la Fiscalía, pero las investigaciones se desarrollan a paso lento. Según Carlos, recientemente se ha solicitado a las empresas de telefonía la identificación del titular del número telefónico del que recibió los mensajes amenazantes. “Han pasado cuatro meses y no han hecho nada. Me siento desamparado. He tenido que irme de la ciudad. Más que temor por mí, siento temor por la vida de mi familia”, comentó.
Y es que la inseguridad ciudadana en el Perú no cesa. Hace solo unos días, un empresario del rubro de transportes fue asesinado a plena luz del día cuando intentaba huir de sus captores. Todos los detalles del crimen de Machiavelli Laura Lume quedaron registrados por cámaras de video vigilancia. “Lamentablemente, la familia ha sido víctima constante de robos, asaltos y cobro de cupos por parte de extorsionistas extranjeros. A mi tío lo mataron y las autoridades no pueden darnos el apoyo suficiente. Nosotros tememos por nuestras vidas”, dijo un familiar de la víctima, quien al momento de brindar declaraciones mantuvo su rostro oculto con lentes de sol y mascarilla por temor a represalias.
Ni siquiera las declaratorias de emergencia en diferentes zonas del Perú parecen amedrentar a los extorsionadores, quienes lanzaron amenazas contra el ídolo del fútbol peruano, Paolo Guerrero, apenas firmó el contrato con el club deportivo norteño Universidad César Vallejo. “A las 9 de la noche me llama mi mamá muy preocupada. Me dice Paolo mira los mensajes que me han mandado y me los envía”, declaró. Ante la denuncia pública de Paolo Guerrero, el Ministro del Interior peruano, Víctor Torres, tuvo que salir a pronunciarse y asegurar que la Policía brinda “la seguridad necesaria para que Paolo y toda la población puedan desarrollar sus actividades en forma normal”.
Sin embargo, los peruanos se sienten cada vez más amenazados por las organizaciones criminales. Según la encuestadora DATUM, el 56% de la población cree que la delincuencia crecerá este 2024 y el 94% piensa que el Estado de emergencia no funciona.
NO TENEMOS NI PARA EL TONER
Frente a la creciente inquietud de los peruanos por el aumento de la delincuencia, los políticos no tardan en presentar propuestas, algunas de las cuales son difíciles de implementar o han sido previamente cuestionadas por su compatibilidad con los derechos humanos. Una de estas propuestas es el proyecto legislativo del congresista Juan Burgos, que busca reinstaurar los tribunales de jueces sin rostro.
La iniciativa del congresista Burgos ha generado polémica en Perú debido a que durante el primer gobierno de Alberto Fujimori se instalaron los tribunales sin rostro para el juzgamiento de organizaciones terroristas y del narcotráfico. Años después, al regreso de la democracia, las condenas fueron anuladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se tuvieron que realizar nuevos juicios.
El Coordinador de las Fiscalías contra el crimen organizado y de las Fiscalías contra el Terrorismo del Perú, Jorge Chávez Cotrina, calificó de “populismo puro” el proyecto del parlamentario. «Yo creo que en el Perú no hemos llegado al nivel como para tener jueces y fiscales sin rostro porque la delincuencia terrorista que enfrentamos con Sendero Luminoso es totalmente diferente a la delincuencia que estamos enfrentando ahora», opinó.
Para el magistrado lo que se debe hacer es dotar de mayores recursos a la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial y fortalecer estas instituciones.
“Si es que no hay una verdadera política de Estado, que pasa por tener instituciones fuertes, por más esfuerzo que haga la policía y los fiscales con los magros recursos que tenemos, la delincuencia nos va a ganar.
En uno o dos años nos va a ganar porque no puedes pretender enfrentar al crimen organizado con un sistema de administración justicia quebrado, el sistema de justicia está en crisis, en quiebra, no tenemos ni para el tóner aquí tenemos que hacer chanchita (recolectar dinero) para el tóner», explicó.
La situación en el Ministerio Público peruano es tan grave que no tienen recursos para contratar peritos lo que perjudica el trabajo de los fiscales que luchan contra las organizaciones criminales.
“No tenemos peritos. Los fiscales tienen que ir al órgano jurisdiccional a presentar una acusación con pruebas científicas, pero no las hay porque no se han realizado las pericias acústicas. Tú no puedes ir con el teléfono y decirle al juez: escuche señor juez los mensajes del teléfono.
El delincuente qué te va a decir, esa no es mi voz. Uno debe ir con la prueba cientìfica en la que el perito dice que sí es su voz, pero no tenemos esa tecnología. Y entonces prácticamente nos vamos a los juicios en pierde, y claro, la ciudadanía dice, cómo es posible que estén saliendo. Salen porque no tenemos elementos científicos para enfrentar juicios, es la realidad que pasa en nuestro país”.
Sin embargo, a pesar de la dura realidad se las ingenian para continuar combatiendo a la criminalidad. “Con los escasos recursos los fiscales están haciendo todos sus esfuerzos para enfrentar el crimen organizado. Pero imagínate, si el año pasado hemos desarticulado cinco líneas del Tren de Aragua con los recursos mínimos que tienen el Ministerio Público y la Policía Nacional.
¿Tú te imaginas lo que haría nuestra Policía Nacional, nuestra Fiscalía, con los recursos y la tecnología de punta? En vez de desarticular cinco destruiríamos 50. Pero no tenemos recursos. Sí aquí para mandar un operativo, tenemos que rogar para que nos den la plata para los viáticos. Lo mismo pasa con la Policía Nacional, no hay dinero para llevarlos”.
El Ministerio Público peruano enfrenta severas limitaciones en el cumplimiento de sus funciones debido a la escasez de recursos financieros. Actualmente, solo dispone del 21% del presupuesto necesario para operar de manera efectiva, lo que obstaculiza su capacidad para proporcionar el servicio de calidad que la ciudadanía requiere y merece.
Estas preocupaciones fueron expresadas por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, durante su comparecencia ante el Congreso de la República para justificar la solicitud presupuestaria del año 2024. Benavides solicitó un total de S/ 14,089 millones, una cifra significativamente mayor en comparación con el presupuesto actual de solo S/ 3,044 millones.
NO SEREMOS EL PRÓXIMO ECUADOR
Ante la crisis desatada en Ecuador, la presidenta peruana, Dina Boluarte, declaró públicamente que la frontera entre ambos países estaba protegida.
Sin embargo, entre los peruanos surgió el temor a que una situación similar se repitiera en su propio país. Y aunque la delincuencia en este país está en aumento, hay autoridades como el Coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado y las Fiscalía contra el Terrorismo, el fiscal Jorge Chávez Cotrina, y el propio presidente del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Javier Laque, que consideran que eso no ocurriría.
“No podemos alarmar a la población”, dijo Chávez Cotrina cuando se le preguntó si el Perú está en camino a protagonizar una crisis como la de su vecino Ecuador. “El fenómeno criminal ecuatoriano es diferente, tiene su base en la presencia del narcotráfico en los últimos años. ¿Y esto por qué? Porque los narcotraficantes han visto que en el Ecuador hay una salida mucho más viable de su mercancía ilegal hacia el norte y Europa. Además, hay que tener en cuenta algo: la explosión de violencia que sufre Ecuador tiene como origen los penales, a consecuencia de que el Gobierno ha puesto mano dura en los penales, las organizaciones criminales que dominan las cárceles han tomado acciones violentas. Eso en el Perú no ocurre”, explicó.
En Perú, las prisiones albergan a 95 mil reclusos, superando significativamente su capacidad designada de 41,000 presos, lo que resulta en un hacinamiento que excede el 130%. A pesar de esta situación, el sistema penitenciario ha implementado medidas para proporcionar espacios dedicados al estudio y al trabajo.
“Nosotros hemos señalado enfáticamente que es imposible que a Perú le ocurra lo que lamentablemente le ha ocurrido al país vecino de Ecuador. Ecuador descuidó mucho los penales, Perú no. Siempre el Perú ha mantenido el principio de autoridad en sus penales a diferencia de Ecuador que dejó que los penales se manejen por dentro y entonces ahí puede ocurrir cualquier cosa” afirmó Javier Llaque del INPE.
El presidente del sistema penitenciario peruano aseguró, además, que a diferencia de otros países en el Perú no hay cárcel, ni pabellones, a los que la autoridad penitenciaria no pueda ingresar. «Nosotros hacemos requisas. Mantenemos el control de los penales. Aquí se apuesta por la reinserción, el interno puede estudiar y trabajar para ayudar a su familia. El interno respeta a las autoridades porque sabe que si agrede a un agente eso trae consecuencias y son ellos los que más pierden”, precisó.
Lo cierto es que los reclusos peruanos saben muy bien que no cumplir con las normas los puede llevar a ser trasladados al centro penitenciario al que ninguno de ellos quiere ir: el penal de Challapalca. Este centro penitenciario alberga a los criminales más peligrosos del Perú. Se trata de un penal de régimen cerrado en el que los reclusos no acceden a talleres productivos ni a estudio. Está ubicado en la sierra peruana a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar y en tiempo de heladas la temperatura puede alcanzar los 20ª bajo cero. En esta cárcel está recluido Héctor Prieto Materano, alias «Mamut», quien fuera considerado líder del Tren de Aragua en Perú.
Las cárceles han sido siempre acusadas de ser el centro de operaciones de las bandas de extorsionadores. Sin embargo, Llaque asegura que de los penales no se realizan masivamente llamadas extorsivas. «Que puedan ocurrir algunas no lo negamos», indicó.
Cabe recordar que en septiembre del año pasado, tras la declaración del estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y la provincia de Sullana, ubicada en la región Piura, se realizó un operativo conjunto entre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Defensa en el interior del penal Miguel Castro Castro. Como resultado de este operativo, se logró encontrar un registro de números telefónicos que se sospecha estaba siendo utilizado para la comisión de actos de extorsión.
BUKELE NO ES MODELO DE NADA
Llaque anunció la próxima ampliación y construcción de centros penitenciarios en el país e indicó que estas nuevas infraestructuras se ejecutarán bajo el marco legal vigente y siguiendo los más altos estándares internacionales en materia de seguridad y derechos humanos.
El presidente del Inpe marcó distancia con las cárceles edificadas por el gobierno salvadoreño. “Yo desafío a cualquiera que vaya a esa cárcel y que pida entrar a todos los pabellones a ver si se lo van a permitir, estoy seguro que no. En nuestro país, quien quiera visitar cualquier pabellón puede hacerlo. Número dos, ellos no están apostando por la reinserción, nosotros sí porque para nosotros un gasto de esa naturaleza tiene que convertirse en una inversión”, refirió.
Pero eso no fue lo único que dijo sobre el presidente salvadoreño: “Nosotros no admiramos a los dictadores, para mí es un dictador. ¿Por qué? Porque ha cambiado las leyes de manera tal que ahora tiene juicios de 500, de 900. Eso no es garantía de nada. Entonces una actitud así no puede ser ejemplo de nada para un país. Nosotros apostamos por la cárcel, que debe ser la cárcel modelo peruana, y no por la cárcel, que no debe ser la cárcel de Bukele”.
Llaque hizo énfasis, además, en la transparencia. “Nosotros vamos a construir dos penales. Ustedes pueden ver cuánto cuesta, cuánto es la inversión. Él tiene reservada la información por motivos de seguridad (…) Yo no puedo convocar a una empresa y le digo, construye como yo quiero y no rindo cuentas a nadie, eso no es posible en nuestro país porque eso se presta a corrupción y no lo vamos a hacer en esta institución”, añadió.
Después de realizar esta entrevista, el ministro de Justicia de Perú, Eduardo Arana, viajó a El Salvador para conocer la logística carcelaria. Según los diarios peruanos, el titular del sector, al que pertenece el INPE, “resaltó el uso de la inteligencia artificial en el control de los penales en El Salvador, recogiendo importantes aportes para su aplicación en Perú”.