Se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros un crédito suplementario por S/. 371 millones para la repotenciación de nuestras Fuerzas Armadas, además de aprobarse un decreto supremo para un segundo crédito suplementario de S/. 64 millones que se sumarán a los S/. 77 millones contemplados en el presupuesto para este año. De este modo, el MEF podrá emitir documentos cancelatorios para el pago de IGV e Impuesto a la Renta por la reparación de helicópteros MI-17 y otras adquisiciones, bajo el mismo proceso.
Se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros un crédito suplementario por S/. 371 millones para la repotenciación de nuestras Fuerzas Armadas, además de aprobarse un decreto supremo para un segundo crédito suplementario de S/. 64 millones que se sumarán a los S/. 77 millones contemplados en el presupuesto para este año. De este modo, el MEF podrá emitir documentos cancelatorios para el pago de IGV e Impuesto a la Renta por la reparación de helicópteros MI-17 y otras adquisiciones, bajo el mismo proceso.
Fernando Vásquez
Al respecto caben unas reflexiones. Resulta evidente que los esfuerzos de este gobierno para dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades operacionales que permitan una verdadera defensa efectiva de los intereses nacionales así como del cumplimiento de los conceptos planteados por el sector Defensa en cuanto a lograr un ‘control territorial’ y una ‘respuesta eficaz’ va mucho de los S/. 654 millones (a los que hay que sumar los recursos recientes) destinados para tal efecto.
La realidad del escenario nacional, tanto en el frente interno como externo, nos presenta una serie de eventos que nos hace prever el recrudecimiento del accionar narcoterrorista materializado actualmente en el Valle del VRAE y en las frontera sur debido al diferendo marítimo actualmente ventilándose en la Corte Internacional de La Haya.
El concepto de disuasión en términos de defensa implica no sólo poseer o adquirir un conjunto de aviones, buques y vehículos de guerra, sino de, efectivamente, ser capaces de realizar operaciones con esos materiales y lograr los efectos deseados previamente planificados.
Para esto es necesario que los presupuestos asignados no sólo se limiten a asegurar la compra de estos materiales sino que además incluyan –como es lógico- los presupuestos para hacer operar permanentemente estos materiales. Esto implica presupuestar también el costo del recurso humano, el del combustible, además de lo necesario para asegurar el ciclo de mantenimiento y soporte del material adquirido.
Nuestras FF.AA han puesto de manifiesto en repetidas ocasiones su voluntad democrática de asumir su rol en defensa del patrimonio, integridad y soberanía nacional, bajo el control político del Estado, incluso ofrendando sus vidas.
Sin embargo este sacrificio no se ve respaldado por una decisión política de proveer no sólo del material sino fundamentalmente de las condiciones mínimas necesarias para el entrenamiento operativo permanente y el soporte y sostenimiento de operaciones por periodos largos de tiempo.
Lejos de ello, lo que el Estado hace es precisamente lo contrario, no dotar de los elementos necesarios para la formación y entrenamiento de pilotos de combate, tripulaciones de unidades navales así como de unidades y patrullas terrestres.
Si hacemos un pequeño cálculo para determinar cuáles son esas necesidades podremos establecer que si se estima obtener una determinada cantidad de medios para el año 2011 cuando acabe este gobierno, -tal como lo establece el Núcleo Básico de Defensa- la respuesta a obtener es si para esa fecha se contará con el personal en cantidad suficiente y en la calidad requerida, recordando que nuestros militares son operadores de tecnología y, en el caso particular de los sistemas de armas, ésta es tecnología de punta que requiere de capacitación y perfeccionamiento permanente, con el agravante del éxodo de pilotos de la Fuerza Aérea, Marina de Guerra y del Ejército que no hace más que complicar aún más la situación de nuestras FF.AA.
Mientras que nuestros adversarios -internos y externos- gozan de una serie de ventajas que van desde el uso indiscriminado de los ingresos por canon hasta el empleo de los ingresos provenientes del narcotráfico para la compra de pertrechos militares, instrucción y entrenamiento operativo y remuneraciones equivalentes a la tecnología que se opera, soporta y sostiene.
La disuasión, por tanto, no es retórica sino todo lo contrario. Es decir, tiene y debe ser creíble, sostenida en el entrenamiento continuo, la operatividad y la interoperabilidad de los sistemas, con una firme política de defensa cristalizada en hechos concretos. Ojalá el tiempo no nos de la razón y tengamos que lamentar resultados que fueron posibles de ser favorables a los intereses nacionales.
Recordemos que la Constitución consagra la naturaleza de las Fuerzas Armadas y determina responsabilidades en cuanto a proveer los recursos que éstas requieren para cumplir con su finalidad. Es responsabilidad de los dirigentes políticos cumplir con ese mandato.
