FARC

FARCLas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) nuevamente echan por tierra las esperanzas de las familias de sus secuestrados, entre ellos los hijos y el ex esposo de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, señalando que no liberarán a ningún rehén a menos que el presidente Álvaro Uribe renuncie a su cargo. 

FARCLas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) nuevamente echan por tierra las esperanzas de las familias de sus secuestrados, entre ellos los hijos y el ex esposo de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, señalando que no liberarán a ningún rehén a menos que el presidente Álvaro Uribe renuncie a su cargo. 

La guerrilla de las FARC afirmó que la renuncia del presidente Alvaro Uribe y todo su gabinete sería una garantía para la firma de un acuerdo humanitario, según publica el jueves un portal en internet afín a esta organización.

“La renuncia inmediata de Uribe junto a todo su gobierno, garantizaría la liberación con vida de los prisioneros mediante la firma del acuerdo humanitario, sin más trabas para negarlo”, dijo Raúl Reyes, miembro del Secretariado de las FARC en un artículo enviado a ANNCOL, una página electrónica que pública todos los comunicados del grupo insurgente.

La petición prácticamente aleja cualquier esperanza de obtener la liberación de los secuestrados por los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Las FARC anunciaron en un comunicado con fecha 9 diciembre la liberación de tres de los 47 políticos, militares y policías secuestrados en alguna parte de la selva al sur de Colombia, como un gesto unilateral de desagravio a la cancelación de la mediación del presidente venezolano Hugo Chávez por parte de su homólogo colombiano.

Entre los cautivos, se encuentra la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, y tres contratistas estadounidenses secuestrados luego que la avioneta en la que viajaban sufriera un percance al sur del país.

Reyes aseguró que “los gobiernos y pueblos amigos del acuerdo humanitario y de la paz de Colombia volverían a ser respetados y reconocidos por sus buenos oficios, siempre que estos partan de la expresa solicitud de las partes contendientes'’.

La guerrilla ha exigido el despeje militar de una zona de unos 300 kilómetros cuadrados al suroeste del país, donde dialogaría con el gobierno sobre el intercambio humanitario, que incluiría la liberación de unos 500 insurgentes presos en cárceles colombianas.

Pero el gobierno teme que de nuevo, el área despejada sea usada por la guerrilla en sus actividades ilícitas de narcotráfico, extorsión y secuestro.

En tal sentido se pronunció el miércoles el gobernador electo del departamento del Cauca, Juan Abadía, de no ceder ninguna porción territorial de su provincia para una zona de encuentro entre el gobierno y la guerrilla.

Los rebeldes piden el despeje de Pradera y Florida, dos localidades a unos 180 kilómetros al suroeste de Bogotá, en las que habitan unas 100,000 personas.

El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, también sostiene una campaña en la que se manifiesta contrario a una zona de despeje, que se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los contactos iniciales entre las partes.

Patricia Nieto, esposa del ex diputado Sigifredo López, en manos de las FARC, declaró al diario El Tiempo de Bogotá, que no se debían perder los avances logrados hasta ahora para el resto de los secuestrados. “Le pedimos al nuevo gobernador (Abadía) que entienda que es una labor humanitaria'’.

 

Redacción En Línea

Administrador de contenidos de Grupo Periodismo en Línea

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