(Video www.periodismoenlinea.org) La reciente emboscada terrorista que dejó 13 militares fallecidos en Huanta – Ayacucho, podría estar relacionada con la excarcelación de dos presuntos narcoterroristas, días atrás, quienes fueron defendidos ardorosamente por una Organización No Gubernamental (ONG).
(Video www.periodismoenlinea.org) La reciente emboscada terrorista que dejó 13 militares fallecidos en Huanta – Ayacucho, podría estar relacionada con la excarcelación de dos presuntos narcoterroristas, días atrás, quienes fueron defendidos ardorosamente por una Organización No Gubernamental (ONG).
Según reveló el ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz -al diario Correo- se investiga la participación de la Asociación para el Desarrollo Humano Runamasinchiqpaq (ADEHR) por ejercer la defensa que permitió la liberación de los hermanos Reynaldo (24) y Sergio Velásquez Santos (19), vinculados a atentados subversivos, bajo el argumento de que eran simples ronderos.
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"La emboscada en Huanta podría estar vinculada con la intervención de siete personas el 15 de marzo en la quebrada El Convento. Estamos investigando, porque en ese grupo estuvieron los hermanos Velásquez. Ambos reconocieron su participación en la muerte de un marino", reveló.
Según diversas publicaciones de medios de la zona, abogados de la ONG ADHER, como Karim Ninaquispe, participaron activamente en la excarcelación de los hermanos Velásquez y otros detenidos, y también lo hizo Remo Abregú, miembro del Colegio de Abogados de Ayacucho.
Fuero militar
Flores Aráoz demandó además con dureza que la justicia militar -y no el fuero común- intervenga cuando se trate de acciones subversivas armadas en zonas de emergencia. "El control interno es de las FF.AA. ¿Entonces qué demonios hace la justicia ordinaria", se preguntó.
Una posición similar a la de Flores Aráoz mostró la ministra de Justicia, Rosario Fernández, quien afirmó que algunas ONG estarían "haciéndole el juego al narcoterrorismo contra los derechos de la ciudadanía".
Informó que el ministro de Defensa pidió una cita con la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, para discutir sobre la labor de las autoridades judiciales en el VRAE.
