Durante más de seis meses permanece encarpetada una denuncia constitucional contra el polémico congresista Gustavo Espinoza Soto, quien debió haber sido inhabilitado por infracción a la Carta Magna al difundir un video que registra declaraciones antichilenas del controvertido general Edwin Donayre.
Durante más de seis meses permanece encarpetada una denuncia constitucional contra el polémico congresista Gustavo Espinoza Soto, quien debió haber sido inhabilitado por infracción a la Carta Magna al difundir un video que registra declaraciones antichilenas del controvertido general Edwin Donayre.
Según el diario Peru 21, el pasado 24 de marzo de este año la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe que denuncia al referido parlamentario No Agrupado y que propone que se le aplique una inhabilitación de tres años para el ejercicio de toda función pública.
La denuncia había sido presentada por el vicepresidente de la República, Luis Giampietri, y por el aprista Édgar Núñez, quienes se basaron en una información publicada por el diario Correo, la cual revelaba que Espinoza entregó el material audiovisual a legisladores chilenos.
La subcomisión había encontrado responsable a Espinoza de haber ocasionado, con su actuación, un impasse diplomático con Chile.
Pero la legisladora fujimorista Martha Moyano, quien presidió entonces la subcomisión, reveló a este diario que cumplió con los procedimientos y plazos, y que entregó el informe aprobatorio para que la Comisión Permanente continúe el trámite señalado en el artículo 89 del Reglamento. “Si la Comisión Permanente no lo ha visto a la fecha, es responsabilidad del presidente del Congreso”, enfatizó.
Cabe señalar que el titular del Legislativo en esa oportunidad y hasta julio de este año fue Javier Velásquez Quesquén, quien fue reemplazado por su compañero de partido Luis Alva Castro. Ambos han pasado por alto el informe y permiten que este legislador siga en funciones.
Según el reglamento, la Comisión Permanente debió ser convocada para tratar el tema y derivarlo al Pleno, que debería aprobar, finalmente, la inhabilitación.
Édgar Núñez, uno de los autores de la denuncia, lamentó que esta situación se haya producido y sostuvo que se debió sancionar a Espinoza por el impasse internacional que ocasionó.
Manifestó que, como en este caso, la también legisladora no alineada Rocío González Zúñiga debió ser desaforada, pero esto no se ha producido porque en el Parlamento se producen pactos de toda índole. “La lentitud con la que actúa a veces el Congreso da rabia. En el Congreso hay arreglos y acuerdos de todo tipo para mantener votos que a la larga afectan”, puntualizó.
Por otro lado, Édgard Reymundo, integrante de la subcomisión, recordó que el Apra intentó blindar a Espinoza, y recordó que los oficialistas Julio Herrera, Wilder Calderón y Franklin Sánchez fueron los únicos que votaron en contra de la denuncia.
