Aunque pudo ser justificada, la requisa en el pabellón de terrorismo del penal de mujeres de Chorrillos se habría realizado en medio de graves irregularidades
Aunque pudo ser justificada, la requisa en el pabellón de terrorismo del penal de mujeres de Chorrillos se habría realizado en medio de graves irregularidades
Según «El Comercio» la primera se refiere a que durante la intervención, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ya habían desestimado los pedidos de libertad de varias de las internas, entre ellas Maritza Garrido Lecca, con lo cual se demostraría que la intervención fue política.
Otro detalle que extrañamente tampoco el INPE informó a la prensa es que los USB incautados a Maritza Garrido Lecca habían sido autorizados tato a ella como a otras 32 internas, pues desde el 2006 cursan carreras de educación a distancia en universidades e institutos del país.
En la relación de alumnas figuran Garrido Lecca y otras presas por terrorismo como Elena Iparraguirre, Margi Clavo, Lucero Cumpa y Zulma Peña. También está Elizabeth Espino Vásquez, “Elita”, procesada por el asesinato de su madre, la contadora Elizabeth Vásquez.
En el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos funciona una sala de computación (sin acceso a Internet) donde las presas sujetas a un régimen penitenciario ordinario realizan sus tareas y pueden usar USB y disquetes bajo supervisión. Pero ¿qué contienen los USB incautados a Garrido Lecca? Desde hace tres semanas, la fiscal supraprovincial Edith Chamorro Bermúdez y agentes de la Dircote, a cargo de la investigación, mantienen completa reserva sobre ello.
No solo información relevante omitió el presidente del INPE cuando encabezó la extraordinaria requisa a las 77 presas del pabellón B (42 por terrorismo y 35 por delitos comunes), en la que participaron 100 miembros del Grupo de Operaciones Especiales, 50 policías de la Dirección contra el Terrorismo y tres fiscales de turno.
La abogada Gloria Estrada, quien hasta ese momento era directora del penal de Chorrillos, denunció que dicho personal ingresó sin que se le hiciera una revisión corporal (como se exige en el Reglamento General de Seguridad del INPE) por orden expresa de Rodríguez Rabanal, mientras ella fue impedida de presenciar la intervención.
¿Por qué el jefe del INPE se olvidó de proceder conforme al Código de Ejecución Penal y del reglamento general de seguridad si con ello arriesgaba la transparencia de la requisa?
Además, aunque el INPE informó en un comunicado que todo el personal de seguridad sería cambiado desde el 1 de julio, este Diario verificó que 80 agentes fueron ratificados en sus cargos sin sanción alguna.
Las únicas separadas fueron la directora Estrada, reemplazada por Carmen Nole, y la psicóloga Nelly Aquino, quien de la jefatura del Órgano Técnico de Tratamiento (donde se evalúa a las reclusas) fue derivada al área de seguridad del penal de Piedras Gordas. (EL COMERCIO – Periodismo en Línea)
