La titular de la Primer Juzgado Supraprovincial de Lima, Jessica León Yarango, la misma que otorgó libertad a la terrorista Lori Berenson, emitió un fallo controvertido a favor de un grupo de oficiales en actividad y en retiro de las Fuerzas Armadas que vendían municiones y armas del Ejército a grupúsculos terroristas nacionales e internacionales como las huestes de “Artemio” y las FARC de Colombia.
La titular de la Primer Juzgado Supraprovincial de Lima, Jessica León Yarango, la misma que otorgó libertad a la terrorista Lori Berenson, emitió un fallo controvertido a favor de un grupo de oficiales en actividad y en retiro de las Fuerzas Armadas que vendían municiones y armas del Ejército a grupúsculos terroristas nacionales e internacionales como las huestes de “Artemio” y las FARC de Colombia.
Según revela el diario Expreso, el ecuatoriano Fredy Vitaliano Torres Calle (a) “El Perro” considerado por la División de Terrorismo Internacional de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), como el único nexo de las FARC con el Perú en la venta de armas a esa agrupación terrorista colombiana fue uno de los beneficiados.
Este sujeto –según la Dircote– es parte del Frente 48 de las FARC; la modalidad delictiva era pagar “coimas” a malos policías ecuatorianos, quienes ayudaban a que los transportes (camiones-tráilers con placas de Ecuador) conteniendo cargamentos de municiones, armas, etc., lograsen pasar sin ser supervisados por las carreteras ecuatorianas y llevados hasta dicha base de las FARC en Colombia.
Fredy Torres, “El Perro” o también conocido como “El Duro” (financista) convocó para sus ilícitos a los suboficiales de la Fuerza Aérea Peruana, Jorge Cerpa Romero y Roberto Samanamud Garay, así como a los suboficiales del Ejército de la base de Tarapoto, Julio Vásquez Godínez y Luis Magallanes Dávila. Todos ellos fueron denunciados por la Tercera Fiscalía Supraprovincial, junto al “El Perro”, por los delitos de colaboración al terrorismo, tráfico de armas, asociación ilícita para delinquir, acto de alteración de organización política de un Estado extranjero, entre otros.
Sin embargo, la jueza Jessica León Yarango, quien recibió recientemente un severo “llamado de atención” por parte de sus superiores por no verificar el domicilio legal de la terrorista Lori Berenson, decidió dar por archivado el caso, argumentando la consabida falta de pruebas, pese a que existía una clara sindicación del delito de colaboración con el terrorismo tipificado en el artículo 4 del decreto Ley 25475 en agravio del Estado.
Según las investigaciones llevadas a cabo por la Dircote, el negociante Fredy Vitaliano Torres Calle y nexo de las FARC con Perú, tenía una empresa de fachada en Huaquillas, Ecuador, que se dedica a la venta de alhajas de fantasía. Este negocio serviría de “pantalla” al verdadero fin de la compra de armas para abastecer al grupo guerrillero que azota a Colombia.
