Humberto Lay

Por mayoría, la Comisión de Ética Parlamentaria, que preside el congresita Humberto Lay (APGC), declaró improcente la denuncia formulada por el congresista Javier Diez Canseco (NGP) contra un grupo de legisladores que recibieron asesoramiento y apoyo de la ONG Reflexión Democrática.

Como se recuerda el parlamentario acusó a los legisladores Alejandro Aguinaga (GPF), Cecilia Chacón (GPF), Juan Carlos Eguren (APGC), Luis Galarreta (APGC), Luciana León (CP) y Michael Urtecho (SN), por recibir prebendas de un sector representativo del empresariado durante la pasada campaña electoral.

Tanto Lay como los congresistas Mauricio Mulder (CP) y José Diaz (GPF) dijeron que la Ley de Partidos no prohibe la recepción de donaciones para la campaña electoral.

En tanto, los parlamentarios Jaime Valencia (NGP) y Sergio Tejada (NGP) dijeron que el Código de Ética Parlamentaria  prohibe recibir donativos. Valencia anotó que se trata de congresistas reelectos. Finalmente, por mayoría se declaró improcedente.

De la misma forma, se declaró  improcedente la denuncia del ciudadano Carlos Nicho Muñoz contra los legisladores Mulder y Luciana León (CP), por una supuesta intervención para la elección del presidente de Conaco, Moisés Nieces.

Lo mismo pasó con la denuncia del dirigente César López, del sindicato de trabajadores del Hospital Loayza, contra el congresista Segundo Tapia (GPF), por una supuesta utilización de su cargo de promoción social de ese hospital para fines proselitistas en la región Cajamarca.

En audiencia pública se debatió el descargo del congresista Emiliano Apaza (NGP) por presunta infracción al Código de Ética por haber consignado en su hoja de vida ante el JNE una sentencia suspendida por delitos aduaneros. En su descargo dijo que lo hizo por desconocimiento.

Por su parte, el legislador Federico Pariona (GPF) se excusó de asistir y comunicó que se atenía a lo que decida la comisión; sobre él pesa la denuncia por un supuesto falseamiento de información en su hoja de vida al JNE sobre su formación academica. En ambos casos se pidió ampliar las investigaciones sobre estas denuncias.

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