La castración es legal en Bolivia

El primer consejo indígena que se reunió en el distrito 13 de El Alto, ciudad vecina a La Paz (), aprobó las penas de justicia comunitaria, reconocida por la nueva Constitución de , en vigor desde 2009.

Carmelo Titirico, dirigente de la organización “Marka Julián Apaza“, informó que estas sanciones incluyen la química de los sexuales de mujeres o menores de edad, así como la mutilación de las manos a los reincidentes.

Como se sabe tiene dos sistemas judiciales, el comunitario que es aplicado por indígenas, y el ordinario con tribunales de justicia que operan en todo el país.

La mayoría de la población de El Alto tiene raíces aymaras que mantienen viva su lengua y costumbres, y su influencia se amplía hasta el sur de Perú.

Un conjunto de “ayllus” (pueblos aymaras) de El Alto forman parte de la organización “Marka Julián Apaza” donde estará en vigor la justicia comunitaria que castigará con castración química a violadores sexuales si son sorprendidos en el crimen y amputación de una mano a reincidentes por tercera vez.

Los pobladores consideraron que estas medidas constituyen la única forma de frenar esos delitos. “La justicia indígena originaria se maneja de otra manera, no es entre cuatro paredes como la ordinaria. No vamos a mandar a la cárcel en estos casos”, agregó el dirigente, que está consciente de que esas medidas puede provocar un rechazo generalizado pero asegura que no darán marcha atrás.

Según Titirico, la comunidad indígena aimara financiará el coste de una operación médica de amputación y la castración. Si encuentra rechazos entre los médicos tradicionales para ejecutar los castigos, apelará a galenos indígenas en las provincias del altiplano.

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