Ni bien César Villanueva juramentó como flamante titular del Consejo de Ministros llegaron una serie de demandas salariales. El primero en levantar la voz fue el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza Ramírez.
En declaraciones a la prensa no sólo exigió a Villanueva Arévalo solucionar al problema de las remuneraciones de los jueces y trabajadores de este poder del Estado sino que advirtió un conflicto, en caso no sean escuchados.
Mendoza Ramírez expresó que resolver este asunto es una obligación legal, porque se encuentra estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). «Los jueces entendemos que no sólo es un mandato legal, sino que además es justo», subrayó.
Advirtió que de no atenderse este pedido, se podría generar un conflicto innecesario que los jueces no desean, y cuya responsabilidad recaería en el Poder Ejecutivo, por no haber podido plantear una propuesta que dé cumplimiento a lo dispuesto en la LOPJ y en sentencias judiciales con calidad de cosa juzgada.
«El Poder Judicial está trabajando incansablemente para ofrecer cada día un servicio de justicia de calidad a la población; este año hemos aumentado nuestra capacidad de producción y esperamos hacerlo también el próximo año», enfatizó.
Refirió que la institución que preside, por ejemplo, ya ha definido los estándares de producción de los órganos jurisdiccionales, y ahora se puede medir el desempeño funcional de los jueces.