Desde enero las comunicaciones telefónicas, intercambio de emails y uso de redes sociales, será monitoreada por el gobierno de José Mujica gracias a un poderoso software que operará con un amparo legal de lucha contra la criminalidad y otros delitos.
Ante ello, las empresas de telecomunicaciones de Uruguay comenzaron a probar, por orden del Ministerio del Interior, el funcionamiento del software El Guardián, con el que el Gobierno podrá intervenir dichas comunicaciones según reseñaron los medios locales.
Claro, Movistar y ANTEL deberán comprar equipos complementarios para que el sistema pueda ponerse en marcha en enero por orden del citado régimen, situación que ha generado dudas e incomodidad entre usuarios de las redes sociales y la ciudadanía.
La operación de la compra de la tecnología de última generación, hecha a una empresa brasileña y que costó US$ 2 millones, debía «mantenerse en secreto», de acuerdo con la resolución presidencial que habilitó la adquisición en marzo de este año, aunque la información fue filtrada a la prensa. El decreto fue firmado por el Ministerio de Economía y establecía que para la utilización de medios tecnológicos con el fin de esclarecer delitos era necesario contar con las mejores herramientas.
La resolución decía también que era «conveniente otorgar a los operadores que presten o estén en condiciones de prestar servicios de telecomunicaciones aquellos beneficios tributarios que coadyuven a la adquisición de los bienes de alta tecnología que permitan la realización de las actividades de vigilancia electrónica».
Con El Guardián, el Gobierno podrá acceder a vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. El sistema habilita, además, a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales. No obstante, para poder hacerlo, deberá solicitar una orden judicial y presentarla ante las prestadoras del servicio. La plataforma, que será proporcionada por la empresa Digitro Tecnología, ya es utilizada por la Policía Federal de Brasil.
Sobre el funcionamiento del software, la empresa proveedora señala en su web que el sistema «realiza monitoreo de voz y datos» y ofrece «recursos avanzados» de análisis de «audio e identificación de locutores. «Es una solución hecha especialmente para las operaciones de investigación legal», asegura.
La nueva tecnología «permitirá desarrollar con eficacia» la investigación de «delitos complejos», lograr una «mejor gestión» de la seguridad pública e «incidir» en las políticas de prevención y represión de la delincuencia, según la resolución presidencial, que no fue publicada en la web oficial.