En el 2020 se han producido 239 ataques a periodistas y medios. Esta es la cifra más alta en lo que va del siglo, superando el récord del año 2007, cuando fueron registrados 212 ataques, según reporte de la Oficina de los Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
El año estuvo marcado por una coyuntura compleja: campaña electoral, pandemia, crisis política y protestas sociales. En este contexto el ataque con mayor incidencia contra periodistas fue la agresión física y verbal, con 76 casos; seguido por la amenaza/hostigamiento, con 53; y las trabas al acceso a la información, con 32.
Le siguen las intimidaciones judiciales (29), los discursos estigmatizantes (16), ciberataques (12) y las afectaciones laborales (8).
También se han presentado detenciones (6), robos (5), y una presión/sanción administrativa.
Sobresale la desaparición de la periodista Daysi Lizeth Mina Huamán, vista por última vez en enero durante la cobertura de las Elecciones Congresales Extraordinarias.
Periodistas vulnerables en provincias
Después de Lima (71) las provincias con más ataques registrados son Huaraz, Ica, Santa, y Tumbes, donde han sido reportados 9 ataques en cada una. Le siguen Cañete y Espinar con 7, y Cusco y Huánuco con 6.
Cabe resaltar que las provincias Ica, Espinar y Huánuco fueron, en algunos momentos del año, el foco de conflictos sociales, lo que propició ataques contra periodistas.
A estas les siguen Jaén, Pomabamba, Piura, San Ignacio y San Román, con 5 cada una. Continúan Callao, Chepén, Chiclayo, Maynas, Puno, Rioja y Utcubamba con 4 cada una.
Los agresores
Los agentes de seguridad (policía / militar / serenazgo / vigilante) propiciaron 84 ataques a periodistas; seguidos por civiles (65). Como se recuerda, la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional facultó a las fuerzas del orden asumir conductas extraordinarias en un Estado de Derecho, esto permitió que cometieran excesos contra periodistas que realizaban labor informativa.
Los funcionarios fueron responsables de 58 ataques, seguidos por los elementos no identificados (22) y los empleadores (10).
Otros datos
En otras cifras, el ataque según el medio ubica en primer lugar a la prensa digital (103), que asumió predominancia ante el impacto que la pandemia generó en los medios tradicionales, y cuya presencia mayoritaria está en provincias.
Le siguen los medios del periodismo tradicional como son la prensa radial (56), televisiva (55) y escrita (25). En la mayoría de casos el ataque ha surgido a raíz del ejercicio del reporterismo.
En cuanto al ataque según el género o medio, los periodistas más atacados este año fueron los hombres (141), seguido de las mujeres de prensa (35). Una cifra igualmente considerable son los ataques dirigidos a perjudicar directamente los medios de comunicación, que alcanzaron los 63 ataques.
Casos emblemáticos
Durante el 2020 trascendieron algunos casos que, por su relevancia, tuvieron mayor impacto en la sociedad o en el sector. Entre estos figuran:
La desaparición de la periodista Daysi Lizeth Mina Huamán, reportera de Cable VRAEM, vista por última vez la tarde del 26 de enero al terminar la cobertura de la jornada electoral en el distrito Santa Rosa (provincia La Mar, Ayacucho). Desde ese momento su familia ha emprendido una lucha por encontrarla confrontando con la desidia del sistema de justicia.
La agresión al periodista chimbotano Carlos Luis Enríquez Salinas, quien fue atacado físicamente por el empresario local Alfredo Enrique Quispe Muguerza mientras cubría un conflicto por la posesión de terrenos del proyecto especial Chinecas. Además de ser violentado, fue denunciado.
El periodista Marco Antonio Morán Huanaco fue detenido por la policía de Mazamari bajo el argumento de perturbación de la tranquilidad pública. Además de ser detenido una funcionaria del hospital local lo querelló por el presunto delito contra la tranquilidad pública y la intimidad personal.
Lo acontecido en Juliaca (San Román) también sobresale. Agentes del orden, en distintas circunstancias, arrebataron el celular y borraron material fílmico a los periodistas Deyvid Rufino Apaza Ito y Julio Jaime Miranda Gonzales. Ambos hechos se dieron cuando los hombres de prensa cubrían operativos desarrollados por los efectivos militares o policiales. A esto se suman las restricciones y hostigamientos del alcalde provincial de San Román en contra de la prensa local.
Asimismo, en Puno el periodista Martín Salazar fue hostigado por agentes policiales que lo llevaron hasta la comisaría local; similar situación le pasó a Nélida Maquera, en la misma provincia, que recibió maltrato por parte de un agente militar cuando se dirigía a realizar cobertura periodística.
El reiterado maltrato de agentes policiales a periodistas de Tumbes fue señal de alarma. No solo se trataba de impedimentos de cobertura, también se vieron intentos de detención y cartas notariales a quienes cumplían su trabajo de informar a la ciudadanía lo que estaba aconteciendo.
Durante el conflicto social de Espinar el periodista Vidal Merma Maccarco fue atacado reiteradamente por la policía. Agresión física, borrado de material fílmico, desconocimiento de su rol como periodista y disparos hacia su persona (que no llegaron a impactarle) fueron algunos de los actos que tuvo que afrontar.
Los periodistas Pedro Eduardo Salinas Chacaltana y Paola Margot Ugaz Cruz también fueron atacados este año como consecuencia de su trabajo de investigación al Sodalicio de Vida Cristiana. Además de los procesos judiciales en contra de Paola Ugaz, este año denunciaron seguimiento hacia ellos y amenazas de muerte.
El semanario crítico Hildebrandt en sus 13 vio cómo se instrumentalizaba la figura de “protección de datos personales” para iniciarle un proceso administrativo sancionador que podría resultar en el cierre de la publicación.
La semana de protestas por la democracia queda para la historia por lo que ha significado, y para el sector periodístico, por los más de 40 ataques a periodistas y medios de comunicación que se dieron durante la misma. En estos días la represión policial significó el mayor peligro.
En Ica, los medios cerraron octubre con el despliegue policial más impresionante que habían visto. El allanamiento a medios fue el corolario a una secuencia de actos hostigantes (seguimientos) que recibía la prensa local por cuestionar al poder local; también sobresalió la amenaza al periodista radial Ricardo Herrera. A esto, se le debe sumar los ataques recibidos durante la segunda ronda de protestas de la tercera semana de diciembre, cuando personas desconocidas agredieron a periodistas y medios, y un funcionario hostigó a una reportera local.
El 2020, la afectación laboral en el sector no ha tenido precedentes. Más de medio millar de periodistas perdieron su empleo en Lima, otros tantos fueron sometidos a suspensión perfecta y medios regionales y periodistas locales sufrieron las consecuencias de la extrema precarización del ejercicio del periodismo independiente.
