En el 2022 se produjeron 303 ataques a periodistas y medios de comunicación, según reporte de la Oficina de Derechos Humanos del Periodista (OFIP) de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Esta es la mayor cifra registrada en lo que va del presente siglo, seguida por los récords del 2020 (239) y 2007 (212), en las últimas dos décadas.
En un año marcado por las elecciones municipales y regionales, una constante crisis política y una ciudadanía permanentemente movilizada que culminó con un estallido social.
Los meses que registraron mayor número de ataques fueron diciembre (estallido, con 63 casos), abril (alta movilidad social (paro de transportistas de carga pesada, toque de queda del 5 de abril, entre otros, con 34 ataques) y setiembre (preámbulo a elecciones, con 28 agresiones).
El ataque contra periodistas con mayor incidencia por segundo año consecutivo fue la amenaza / hostigamiento, con 109 casos registrados; le sigue la agresión física y verbal con 103. La intimidación judicial y las trabas al acceso a la información presentaron 28 incidencias cada una.
También fueron registrados discursos estigmatizantes (18), ciberataques (4), detenciones (4), afectaciones laborales (2), y dos robos.
Mención especial requieren las 5 amenazas legislativas registradas durante el 2022, un tipo de ataque que no ha sido registrado hace algunos años apareció con iniciativas como las que buscan penalizar la filtración o la difusión de información referente a procesos de colaboración eficaz, al proyecto que busca agravar la condena por delitos contra el honor, entre otros.
Datos para el análisis:
En el 2022 los civiles fueron los principales agresores contra periodistas, habiendo propiciado 156 incidencias; seguidos están los funcionarios con 79 y los agentes de seguridad (policía / militar / serenazgo / vigilante) con 40.
También se registraron 26 ataques de elementos no identificados y 2 de empleadores.
En otras cifras, el ataque según el medio ubica en primer lugar a la prensa digital (129), seguida por los medios del periodismo tradicional como son la prensa televisiva (57), radial (57) y escrita (20).
En cuanto al ataque según el género o medio, los periodistas más atacados este año fueron los hombres (167), seguido de los ataques a medios de comunicación (75) y a mujeres periodistas (61).
Capital de agresiones y provincias de riesgo:
Lima mantiene su récord histórico liderando el registro, esta vez con 149 ataques. Le sigue Arequipa con 14, Ica con 13 y Huaura con 10. Callao y Tocache registraron 7 ataques cada una.
Las provincias Andahuaylas y Chiclayo presentaron 6 ataques a periodistas el 2022; Abancay, Coronel Portillo, Cusco, Talara y Tumbes registraron 5 y la provincia del Santa 4.
Incidencias desde la fuente política:
El 2022, al haber sido un año de permanente crisis política, presentó episodios de especial atención en contra del trabajo de periodistas y medios de comunicación.
La opacidad del régimen de Pedro Castillo, quien no solo se negó a dar entrevistas luego de algunas brindadas en enero, llegó a extremos tales como colocar cordones policiales para impedir las coberturas periodísticas; encerrar a hombres y mujeres de prensa en auditorios o salas; e incluso agresiones de parte de sus agentes de seguridad del Estado.
La presencia de María del Carmen Alva, a la cabeza del Legislativo, deja como legado un periodo de puertas cerradas, en el que periodistas (acompañados por sus organizaciones) tuvieron que protestar para retornar al interior del recinto legislativo, incluido el hemiciclo.
Asimismo, su gestión también se caracterizó por estigmatizar periodistas con acusaciones de «mal informadores» y el envío a perseguir a un fotoperiodista que registró una reunión de interés público en un hotel de Miraflores.
Similar situación se ha presentado con el actual presidente del Congreso, quien, según una comunicación difundida entre su despacho y un periodista local, solo brindará ruedas de prensa, más no entrevistas.
Los ministros de Estado, en reiteradas conferencias y ruedas de prensa, usaron los micrófonos para propalar un discurso estigmatizante que luego era traducido en las calles, por sus simpatizantes, en agresiones directas a reporteras y reporteros.
Ataques en Lima y regiones
El año inició con ocurrencias de hostigamiento fiscal y judicial a periodistas. El 8 de enero fue allanada la casa del periodista Pedro Salinas en Cañete por la Fiscalía Anticorrupción en un acto que ha sido calificado de excesivo.
Dos días después el periodista Christopher Acosta fue sentenciado por el 30 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima a dos años de prisión suspendida y el pago solidario de una reparación civil de 400 mil soles. Meses después, César Acuña, querellante, se desistiría de la causa.
El 31 de enero el primer programa de “Investiga Live”, a cargo del equipo periodístico del portal web de noticias Investiga.pe, fue impedido de salir al aire por orden directa del administrador de Stereo Diplomat Radio 92.1 FM, en Trujillo luego que los propietarios del medio se enteraran que iban a entrevistar a una persona que les es crítica.
El 9 de febrero la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, mandó a perseguir a un fotoperiodista del semanario crítico Hildebrandt en sus Trece por hacer registro de reunión confidencial para tratar temas públicos, en la que participaron congresistas opositores al presidente Pedro Castillo.
Periodistas de Radio Cutivalú y Diario Correo fueron impedidos de cubrir una conferencia de prensa organizada por el gobernador regional de Piura, Servando García Correa, por orden directa del mismo.
Los periodistas Hugo Pineda, César Arela y Edson Ccasa fueron agredidos por transportistas mientras cubrían las incidencias de su protesta en las inmediaciones de la Asociación de Transportistas de Ayaviri – Melgar (ASTRAM) en la zona norte de la ciudad de Ayaviri, provincia Melgar.
Los periodistas Teobaldo Meléndez Fachín y Maricruz Torrejón Pérez conductores del programa Total Noticias – Primera edición, emitido a través de RTV Total, fueron querellados por la fiscal Celia Llesenia Delmar Pezo, quien los acusa de difamación agravada por cuestionar el archivamiento de casos de violación sexual a menores de edad en Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas (Región Loreto).
El 4 de abril la Oficina de Derechos Humanos de la ANP registró ataques a 8 periodistas en Ica, Lima y Pucallpa, en el contexto del paro de transportistas. Al día siguiente, registró 2 ataques en Lima durante la presentación del presidente en el Congreso, y el 6 de abril registró otros 3 por vándalos infiltrados en las protestas en Ica.
El 21 de abril en la noche la periodista Linda Ketty Vela Ruiz, de Radio San Juan y TV Cable Más; el periodista César Paredes Gatica, de Radio Concierto y Tocache TV; y Abel Merlín Gonzales Vargas, de Radio Tv Alto Huallaga, fueron hostigados en los exteriores de sus domicilios luego que emitieran cuestionamientos al paro convocado en Tocache, provincia Uchiza (región San Martín).
En Cusco, Puerto Maldonado y más
El periodista Raúl Cabrera Ramos, corresponsal en Cusco del diario La República, enviado especial a Chalhuahuacho para cubrir el conflicto social por el proyecto minero Las Bambas, fue detenido mientras cubría la represión a manifestantes en Nueva Fuerabamba, Cotabambas (región Apurímac).
El reportero de Radio Santa Cecilia, Christian Rodrigo Rodríguez Olivera, denunció que fue empujado por Juan Tonconi Quispe, gobernador regional de Tacna, quien evitó dar declaraciones a periodistas, cuando se desplazaba por las gradas del complejo monumental del Campo de la Alianza.
El 26 de agosto el corresponsal de Latina en Puerto Maldonado, Manuel Calloquispe Flores, recibió un mensaje amenazante de parte de Sergio Mora, quien es sindicado como agente de seguridad de una red de minería ilegal que funciona en dicha provincia de la región Madre de Dios.
El periodista independiente Jesús Valencia Silva denunció que ha recibido llamadas amenazantes y una carta notarial del subgerente de Serenazgo de Villa El Salvador, tras una publicación en la que aludía a su reclusión en el Penal San Jorge hace más de 15 años.
El conductor del canal 21 de Televisión y del diario Tumbes 2, Walter Cruz Barrientos, recibió ataques anónimos en junio y julio luego de hacer una serie de denuncias sobre personajes políticos locales.
El excandidato al Congreso de la República por el Partido Nacionalista del Perú, Víctor Hugo Quijada Tacuri, ha denunciado, por sexta vez, a la periodista Graciela Jimena Tiburcio Loayza, quien trabajó en el portal de noticias Wayka y a su actual directora Luciana del Carmen Távara Bermejo, por presunta comisión del delito de violación a la intimidad, uso indebido de archivos computarizados, falsedad genérica, falsificación de documento privado, estafa, tráfico ilegal de datos y suplantación de identidad.
El equipo periodístico del programa multiplataforma Talara TV Noticias conformado por Franklin León Requena y Marlene Carazas Medina fue víctima de abuso policial, detención y vejaciones por cubrir una protesta vecinal contra el tráfico de terrenos en el distrito La Brea, provincia Talara (Piura). A Franklin lo agredieron en el suelo y luego, durante la detención, Marleny pasó la noche sentada en una silla, enmarrocada frente a una ventana abierta.
El 26 de setiembre el líder etnocacerista Antauro Humala Tasso ordenó que borraran el registro videográfico de un altercado que tuvo en Radio Exitosa Puno, con sede en Juliaca – San Román, y luego profirió discurso estigmatizante a integrantes del equipo periodístico de este medio. Similar situación sucedió horas después con otro periodista local.
Los comunicadores Percy Chile Letona y Policarpo Mancco Duran, conductores del programa “Contrapunto regional” que se emite por radio Inti Raymi AM, fueron agredidos por familiares de un candidato municipal durante la emisión de su programa en Cusco. La violenta irrupción terminó generando una herida profunda en la cabeza de Chile Letona.
Puno, Apurímac, Tumbes y más
El corresponsal del diario La República en Puno, Liubomir Fernández Fernández, fue agredido en los pasillos de la sede del Ministerio Público en presencia de una representante de esta institución, quien luego de permitir el ataque con su inacción acusó al hombre de prensa de haberla agredido psicológicamente.
La periodista Analí Andrade Pareja, directora del portal de noticias en redes sociales Fuerza Informativa Apurímac y corresponsal de RPP en esa región, fue querellada por Daniel Neyra Escalante, director general de la Dirección de Salud (DISA) de Apurímac II, luego de hostigarla con 5 cartas notariales por denunciar, de forma documentada, algunas presuntas irregularidades.
La periodista Deysi Rojas Prado, corresponsal de RPP en la provincia de Tumbes, fue agredida el 7 de noviembre por familiares de un acusado de realizar tocamientos indebidos y violar a una menor de 10 años.
Durante las protestas de diciembre, atentaron contra un vehículo de Exitosa y los locales de América TV y Panamericana TV, en Lima. Mientras que en regiones se produjeron hechos similares contra Canal 8, radio La Ley y la repetidora de América en Arequipa; y contra el local de CTC y Radio San Miguel en Cusco, que fue incendiado.
El Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al medio digital El Foco el retiro de toda la información referente a las denuncias de maltrato y acoso contra Miguel Ángel Méndez Maúrtua, procurador del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
Especial mención recibe el equipo de Prensa Callao TV, que realiza periodismo independiente en el primer puerto. En el 2022 han sido blanco de estigmatizaciones por parte de autoridades locales, amenazas de grupos delincuenciales, hostigamientos en sus domicilios y hasta la destrucción de su vehículo particular, entre otros casos.
