Congreso peruano

Congreso PeruanoVisiblemente mortificada, la presidenta de la Comisión de Etica del Congreso, Elizabeth León (UPP), denunció ayer la existencia de intereses orientados a deslegitimar la labor de ese grupo de trabajo en respuesta al informe final que recomienda suspender por 90 días al legislador José Vega, acusado de contratar de manera irregular a la conviviente de su hijo.

Congreso PeruanoVisiblemente mortificada, la presidenta de la Comisión de Etica del Congreso, Elizabeth León (UPP), denunció ayer la existencia de intereses orientados a deslegitimar la labor de ese grupo de trabajo en respuesta al informe final que recomienda suspender por 90 días al legislador José Vega, acusado de contratar de manera irregular a la conviviente de su hijo.

En declaraciones a Correo, León adelantó que en los últimos días, y con ese objetivo, se distribuyeron en el propio grupo de trabajo copias adulteradas del documento final que sanciona a Vega con lo cual se pretendió –dijo– dejar entrever que “todo se filtra” y “nada es seguro”.
“Son formas de amedrentar a la comisión y desprestigiarnos. Probablemente aquí haya un interés del APRA y quizá del mismo congresista (Vega). Porque ¿quién más puede chuponear nuestras computadoras?, ¿quién puede tener acceso a la red desde afuera?”, se preguntó.

León mostró además dos fotocopias del supuesto preborrador filtrado hace dos semanas a un legislador que no identificó y con lo cual –sostuvo– se tuvo la clara intención de mostrarlos como documentos “deficientes o vulnerables”.

“Lo que preocupa es que se usen estas estrategias veladas con la transparencia, pero esto no le hace bien a José Vega sino que lo perjudica más. (Creo que) esto no va a quedar allí. ¿Cuánta gente estará interesada en bajarnos la llanta. Estaremos al tanto”, afirmó.

Elizabeth León adelantó que el informe final del caso de José Vega se votaría en la Comisión de Etica los primeros días de marzo, pero ratificó que se recomienda suspenderlo por 90 días sin goce de haber, así como el inicio de una investigación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Visiblemente mortificada, la presidenta de la Comisión de Etica del Congreso, Elizabeth León (UPP), denunció ayer la existencia de intereses orientados a deslegitimar la labor de ese grupo de trabajo en respuesta al informe final que recomienda suspender por 90 días al legislador José Vega, acusado de contratar de manera irregular a la conviviente de su hijo.

Redacción En Línea

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