A la preocupación que hace unos días expresó el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, de una supuesta influencia del Instituto de Defensa Legal (IDL) en la administración de justicia a través de los cursos de capacitación que brinda a los jueces, ahora el legislador Rolando Souza reveló otra perla.
A la preocupación que hace unos días expresó el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, de una supuesta influencia del Instituto de Defensa Legal (IDL) en la administración de justicia a través de los cursos de capacitación que brinda a los jueces, ahora el legislador Rolando Souza reveló otra perla.
Según el diario Correo, la magistrada Jéssica León Yarango, la misma que liberó dos veces a la ex emerretista Lori Berenson, fue capacitada por IDL, en el marco de convenios con la Academia de la Magistratura (Amag).
Dicha información se registra en documentos oficiales que posee la Comisión de Justicia del Congreso reveló Souza al matutino Correo tras destacar que la citada ONG, ha tramitado varios expedientes a favor de liberar a subversivos y contra las Fuerzas Armadas o policiales que los capturaron.
León Yarango fue alumna del XI Curso de Preparación para el Ascenso en la Carrera Judicial, en el módulo de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, que dictó el abogado Miguel Lovatón Palacios entre abril y mayo del 2009 por un convenio del IDL con la Amag.
«El IDL ha venido dictando cursos a jueces y fiscales, existiendo una evidente incompatibilidad, porque todos sabemos que funciona como un gran estudio de abogados que incluso litiga contra el Estado en materia de derechos humanos y terrorismo», denunció Rolando Sousa, titular de la Comisión de Justicia del Parlamento.
El legislador reveló que el polémico juez Segismundo León Velasco, quien le otorgó el beneficio de la semilibertad a la emerretista Nancy Gilvonio, también recibió la misma capacitación legal en el 2009.
«Los jueces León Yarango y León Velasco están a cargo de juzgados supraprovinciales, y esto revela que el consorcio Justicia Viva -parte del IDL- adoctrinó a jueces con un evidente sesgo; hay una intromisión ideológica», criticó.
Asimismo, según documentos de la Amag, los abogados Ernesto de la Jara y Carlos Rivera, ambos del IDL, dictaron en el 2003 el curso «La Nueva Legislación Antiterrorista en el Perú», en el que participaron jueces con cargos claves.
Entre estos últimos magistrados se encuentran quienes forman parte de la Sala Penal Nacional, que ven casos de terrorismo, como su titular, Ricardo Brousset; el presidente del colegiado C, Enrique Loli; y la titular del colegiado D, Clotilde Cavero, entre otros. «Este accionar confirma el lobby que ha venido haciendo el IDL en la administración de justicia», señaló el parlamentario.(Imagen:Diario Correo)