Quienes financien acciones subversivas y terroristas en el Perú serán sancionados con penas de entre entre 20 a 35 años de prisión.
Según una ley aprobada anoche por el pleno del Congreso, aquellos que solventen actividades terroristas o faciliten recursos a la subversión serán dúramente castigados.
“Este proyecto permitirá al Estado castigar drásticamente el financiamiento al terrorismo”, expresó el parlamentario Octavio Salazar, autor de esta iniciativa.
Según explicó, con esta medida legislativa el Estado Peruano cuenta con una herramienta legal para combatir este delito, tanto a nivel nacional e internacional.
“Aquellas personas que operan en el país o en el extranjero, recaudando fondos para trasladarlos a los terroristas serán sancionados”, manifestó el legislador por Fuerza 2011.
Detalló que este proyecto establece dos categorías: el primero, denominado leve, será castigado con pena privativa de la libertad no menor de 20 ni mayor de 25 años, mientras que la modalidad agravada, la sanción se eleva de 25 como mínimo hasta 35 años.