Keiko Fujimori se quedará en prisión preventiva al menos 36 meses luego que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó la apelación que formuló a través de su defensa.
Como se recuerda Keiko Fujimori e incluso Jaime Yoshiyama Tanaka, quien permanece en Estados Unidos, cuestionaron la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho de ordenar la medida de detención.
Pero luego de más de dos semanas de deliberación de la apelación, el juzgado ratificó la orden de prisión preventiva, con lo que la lideresa de Fuerza Popular seguirá recluida en la cárcel Anexo Mujeres de Chorrillos, mientras que el exministro sigue fuera del país y sin fecha anunciada de retorno.
El pasado sábado 15 de diciembre, los jueces Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe escucharon a la Fiscalía y a los abogados de Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama para evaluar sus apelaciones.
El juzgado escuchó los argumentos a favor y en contra de la apelación contra la orden de 36 meses de prisión preventiva que dictó el magistrado Richard Concepción Carhuancho.
Keiko Fujimori permanece en prisión desde hace más de 40 días acusada de lavado de activos por recibir aportes ilegales de campaña de la constructora brasileña Odebrecht.
Con esta decisión de la segunda instancia, la lideresa de Fuerza Popular permanecerá en prisión hasta el 31 de octubre de 2021. Sin embargo, su defensa aún puede presentar recursos ante la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, como hicieron Ollanta Humala y Nadine Heredia.
Lo que dijo Keiko Fujimori
“Yo no me he fugado nunca. Si hay algo que me caracteriza es haber vuelto una y otra vez al Perú. No he buscado asilo pese a que varias personas me lo han sugerido”, dijo Keiko en su audiencia de apelación vía videoconferencia, en aparente alusión al exmandatario Alan García, investigado por el caso Odebrecht, quien solicitó asilo diplomático a Uruguay, que le fue rechazado. Su abogada, Giuliana Loza, dijo que la excandidat presiencial está privada de la libertad en base a declaraciones de testigos protegidos que han dado versiones falsas.
Además, la defensa asegura que el juez no puede interpretar que Odebrecht buscaba ser contratado en licitaciones si Keiko Fujimori ganaba las elecciones. Según la abogada de Keiko Fujimori, no se puede tomar como elemento de convicción el chat «La Botica» para probar la jerarquía y poder de mando de su defendida, pues se trata de «una conversación privada en la que participan personas que no integrarían la supuesta organización criminal».
Además, señala que Concepción Carhuancho no explica cómo esta supuesta organización criminal habría ingresado al partido político ni cómo podría haber subsistido. Otro punto que señalan es que el ejercicio de la libertad de reunión, expresión y del derecho a la privacidad al interior de la conversación no se puede criminalizar a través de una resolución judicial.
