Hasta noviembre de 2021 se registraron 264 muertes en el Callao por manipulación ilegal de armas de fuego (tenencia ilegal de armas), de las cuales 205 fueron por la modalidad de sicariato.
Así lo informó el juez del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao, Jorge Fernández Sucapuca, en el programa digital “Hablando de Justicia” del Poder Judicial de la provincia constitucional.
“De estas cifras proporcionadas por la Policía Nacional del Perú, los delitos más comunes que se producen por la tenencia ilegal de armas son el robo agravado y homicidios. El uso de armas suprime la defensa del agraviado. Además, algunas veces el poseer armas implica formar parte de bandas u organizaciones criminales, las cuales son incautadas al momento de las intervenciones policiales”, mencionó el magistrado.
Informó que en la Corte Superior del Callao se registraron 638 casos por el delito de tenencia ilegal de armas en el 2021. Hasta el mes de mayo del presente año, se han procesado 243 casos similares.
Explicó que este delito abarca tres dimensiones: el uso, la tenencia y el porte. La primera implica que la persona ejecute disparos contra alguien o al aire; la segunda es la posesión del arma en sí y basta no usarla para la intervención de la persona; y la ultima está sujeta a que la persona la tenga en su cuerpo, ya sea en la mano o guardada en sus prendas.
“Tanto el que posee un arma de fuego como el que tiene municiones sin licencia, está cometiendo el delito de tenencia ilegal, por lo cual son objetos de detención y condena no menor de seis años ni mayor de 10” dijo el entrevistado, señalando que luego de una intervención policial, lo incautado pasa a cargo de la Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.)
Asimismo, Fernández recomendó evitar la manipulación de un arma de fuego encontrada en la calle o en la escena de un crimen, avisando inmediatamente a la dependencia policial del hallazgo.
Finalmente, exhortó a las instituciones educativas a que ejecuten un plan preventivo dirigido a los menores y adolescentes sobre la posesión y manipulación de armas, señalando que pueden desencadenar en hechos nefastos como los asesinatos, extorsiones, robos, entre otros.
