La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación por el impacto negativo del reciente incremento en las tarifas de internet móvil en Cuba, una medida que califica como una forma indirecta de censura.
Según el organismo, esta decisión agrava el aislamiento informativo de la población y limita gravemente el derecho a la libertad de expresión.
La medida fue anunciada por el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz y puesta en vigencia desde el 30 de mayo por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), único proveedor de servicios de internet en la isla.
Establece un tope de 360 pesos cubanos (alrededor de 1 dólar en el mercado informal) como máximo de recarga mensual para acceder a planes de datos móviles.
Con ese límite, los usuarios solo podrán adquirir un paquete básico de 6 GB. Si desean más datos, deberán pagar tarifas desproporcionadas: por ejemplo, 3 GB adicionales cuestan 3.360 CUP, equivalentes a unos 9 dólares, monto que supera ampliamente el salario mínimo mensual en Cuba, fijado en 2.100 CUP (unos 5,5 dólares).
ETECSA justificó el aumento como parte de un esfuerzo para captar divisas que permitan mantener operativa la red de telecomunicaciones. Sin embargo, la SIP alertó que esta política no solo encarece el acceso, sino que también restringe el uso pleno de internet como canal de expresión y fuente de información independiente.
“El acceso a internet es esencial para los derechos digitales, la libertad de prensa y la participación ciudadana. Estas nuevas restricciones ahogan aún más el espacio digital cubano”, afirmó José Roberto Dutriz, presidente de la SIP.
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó: “Este tarifazo no solo es una barrera económica, sino también una herramienta de silenciamiento. Se suma al control estatal y a la vigilancia permanente que genera autocensura entre los usuarios”.
Pese a las limitaciones históricas, internet ha sido una herramienta crucial para periodistas independientes, activistas y ciudadanos en Cuba. La SIP teme que estas nuevas disposiciones consoliden aún más el control del gobierno sobre el flujo de información, debilitando el acceso a contenidos críticos y la conexión con el mundo exterior.