El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo n.° 135-2025-PCM, que declara el estado de emergencia por 60 días calendario en los distritos de Palca, Tacna y La Yarada – Los Palos, ubicados en la provincia y departamento de Tacna. Esta medida busca reforzar la seguridad en zonas fronterizas y enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.
La declaratoria fue anunciada tras un Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente de la república, José Jerí, y permite la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para mantener el orden interno.
Como parte de la estrategia, se realizarán:
- Patrullajes motorizados permanentes en la frontera con Chile.
- Intervención a migrantes que crucen por zonas no autorizadas.
- Monitoreo aéreo con drones y acciones de inteligencia en tiempo real.
Además, se dispone la restricción temporal de ciertos derechos constitucionales: libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad de tránsito, según lo establecido en el artículo 137 de la Constitución.
Para actividades religiosas, culturales, deportivas o de otro tipo con carácter masivo, se deberá solicitar permiso previo a las autoridades competentes. Las actividades no masivas podrán realizarse sin autorización.
En ese marco, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Tacna y los comités creados por el decreto permanecerán en sesión permanente, garantizando una respuesta articulada y eficaz.
Asimismo, se conformarán en las primeras 24 horas:
- El Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO)
- Los Comités de Coordinación Distrital (CCD)
- El Comité de Inteligencia (CI)
- El Comité de Fiscalización (CF)
- El Comité de Comunicación Estratégica (CCE)
Todos con integrantes cuya participación es indelegable.
El decreto también fortalece la participación del Ministerio Público y del Poder Judicial, e impulsa el uso de denuncias en línea, además de ordenar operativos contra mercados ilegales relacionados con trata de personas, drogas, armas, chips y transporte informal, mediante una intervención multisectorial.
Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad nacional, la lucha contra el crimen y la protección de nuestras fronteras.
