A través del semáforo judicial, se detectó que casos de adultos mayores están trabados o sufren retraso, por ello el Poder Judicial les dará celeridad
El “semáforo judicial”, sistema de alerta implementado por el Poder Judicial, identificó 89 mil 118 procesos de personas adultas mayores, que requieren una atención rápida por parte de los jueces y juezas a nivel nacional.
Así lo informó la jueza suprema Janet Tello Gilardi, presidenta de la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial.
“Hemos identificado a personas adultas mayores para brindarles un servicio de justicia con calidad, eficiencia y en condiciones de igualdad”, precisó la magistrada.
ATENCIÓN PREFERENCIAL
Según información de la citada comisión, de la cifra referida, 69 mil 415 personas están en un rango de 60 a 75 años de edad, quienes reciben una atención preferencial.
Asimismo, 19 mil 703 personas son mayores de 75 años o que merecen una atención prioritaria de parte de los juzgados u órganos judiciales.
Explicó que el sistema identifica dos niveles de urgencia para los casos que involucran a personas adultas mayores. “Como si fuera un semáforo que regula el tráfico, el color naranja identifica a las personas de 60 a 75 años, y el color rojo a las de 75 años a más”, precisó.
Tello señaló que los adultos mayores que acuden al servicio de justicia reclaman un derecho y, por lo tanto, los jueces y juezas a nivel nacional, tienen que darle una solución rápida y pronta.
La magistrada refirió que los casos de demandas judiciales por pensiones son los más numerosos, sin embargo, sostuvo que algunas dependencias, como el área previsional de la Corte de Lima, falta implementar el “semáforo judicial”.
Cabe anotar que en las 34 cortes del país, el sistema funciona en las áreas de familia y civil, pero en los distritos judiciales de Lima Norte, Callao, Ventanilla, Ica, Apurímac, Lambayeque, Cajamarca y Tumbes es aplicado en todas las especialidades.
COMPROMISO DE BRASILIA
El Poder Judicial implementa esta iniciativa en cumplimiento de los compromisos internacionales para eliminar barreras que impiden el acceso a la justicia de las poblaciones vulnerables.
En tal sentido, el Perú presentó su adherencia, en el año 2010, a las 100 Reglas de Brasilia, documento adoptado por los presidentes de los poderes judiciales de Iberoamérica en el año 2008.
Esto con el objetivo de eliminar o disminuir, desde el propio Poder Judicial, las barreras que existan por razones de edad, económicas, lingüísticas, geográficas, razones de pertenencias a distintas etnias, etc. para acceder de manera igualitaria a la justicia.
Tello Gilardi destacó que estas medidas facilitan el acceso a la justicia de un sector de la población que representa el 37 % de hogares, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
