El secretario del fallecido expresidente Alan García, Luis Nava Guibert, deberá ser trasladado a un penal para acatar una orden de 36 meses de prisión preventiva por los sobornos que recibió de la empresa Odebrecht.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia también ordenó la medida de arresto domiciliario contra Miguel Atala Herrera -ex directivo de Perúpetro- al declarar fundado un pedido de la Fiscalía.
Luis Nava es investigado por el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público por el presunto delito de lavado de activos y colusión agravada, en una organización criminal. Atala, en tanto, por el delito de lavado de activos.
A Nava se le acusa de recibir 4.2 millones de dólares de la empresa Odebrecht para facilitar la continuidad de obras (Interoaceánica, tramos 3 y 4) y para tener a acceso a nuevos proyectos, como el Metro de Lima, tramos 1 y 2, durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).
Los pagos, según dijo, se hicieron en efectivo, como lo ha declarado Jorge Barata, y luego a través de la Banca Privada de Andorra, en una cuenta de la empresa off shore a nombre de Miguel Atala, para acelerar las transferencias.
Luis Nava y peligro de fuga
Además dio por válida la argumentación de la fiscalía sobre el peligro de fuga que existiría en el caso de Luis Nava, por su negativa de colaborar con la justicia y porque habría “remanentes de la organización criminal” que podrían afectar la averiguación de la justicia.
Ello, en base a las declaraciones de Miguel Atala, quien dijo sentir temor de una “fuerza de choque” que habría en el Partido Aprista Peruano.
En el caso de Atala, el juez acogió también el pedido del fiscal José Domingo Pérez de imponerle un arresto domiciliario por 36 meses, medida restrictiva que deberá cumplir en su vivienda de San Isidro, sin tener contacto con los investigados.
En ese sentido, dispuso ordenar la libertad de Miguel Atala, quien se encontraba con prisión preventiva por un plazo de 10 días.
La defensa técnica de Luis Nava dijo que apelerá la decisión judicial que ordena la reclusión de su patrocinado, internado en una clínica local, en un penal.
