De los 18 millones de peruanos que conforman la población económicamente activa (PEA), más de 13 millones —es decir, el 72 %— laboran en la informalidad, sin acceso a derechos laborales ni protección social.
Esta situación no solo afecta directamente su bienestar, sino que también limita la adhesión del país a organismos como la OCDE.
Frente a este panorama, la red global WIEGO recomendó enfocar la atención en el empleo informal urbano, retirando del análisis al empleo agropecuario por sus características particulares.
Este enfoque permite evidenciar con mayor claridad el vínculo entre la informalidad y la pobreza urbana, que se duplicó en Lima Metropolitana tras la pandemia.
Las trabajadoras independientes personifican la pobreza urbana
En el ámbito urbano, el empleo informal tiene rostro de mujer. Muchas trabajadoras son madres o cuidadoras sin apoyo estatal, con bajo nivel educativo y mayores niveles de vulnerabilidad.
La mayoría desempeña actividades independientes como comercio ambulatorio, ventas desde casa, trabajo en mercados o como trabajadoras del hogar.
Según la ENAHO 2024, 1.2 millones son comerciantes de vía pública, 1 millón vende desde su domicilio, cerca de 400 mil son trabajadoras del hogar y 350 mil laboran en mercados.
Estas personas enfrentan múltiples obstáculos: falta de crédito, inseguridad, acoso municipal, escaso acceso a servicios básicos, ausencia de centros de cuidado y los efectos del cambio climático.
Carmen Roca, representante de WIEGO en Perú, advirtió que “no se logra dar el salto en productividad, competitividad y mejora de ingresos necesarios”.
Roca también señaló que los partidos políticos aún no abordan esta problemática en sus planes de gobierno, pese a que tienen plazo hasta el 23 de diciembre para presentarlos.
“Los ciudadanos en condición de pobreza trabajan, la mayoría en comercio. El vínculo entre el empleo informal independiente y la pobreza urbana es el eslabón perdido en las políticas públicas”, afirmó.
Estudio evidencia impacto en comerciantes de Lima Metropolitana
Un reciente estudio de WIEGO, realizado en 10 distritos de Lima Metropolitana, encuestó a mil comerciantes de vía pública.
Los resultados son reveladores: el 70 % son mujeres, 87 % tiene responsabilidades de cuidado, 23 % son adultos mayores y 19 % jóvenes.
Más de la mitad vende alimentos perecibles, y un 20 % inició esta actividad en los últimos cuatro años, en coincidencia con la pandemia.
A pesar de pagar diariamente por servicios como limpieza y seguridad, el 82 % no cuenta con permiso municipal.
La mitad reportó haber sido acosada por personal municipal y hasta el 20 % sufrió la confiscación de su mercadería, lo que representa la pérdida total de su capital. En distritos como San Juan de Lurigancho, el 59 % declaró ser víctima de extorsión o cobros ilegales.
Los ingresos no cubren los costos básicos del hogar, y la mayoría señala que no puede ahorrar debido al alza del costo de vida y la reducción de ventas.
Expertos llaman a priorizar el tema en la agenda electoral
Durante el taller “Pobreza urbana y empleo informal en período electoral”, especialistas coincidieron en la urgencia de incluir esta problemática en los planes de gobierno para las elecciones de 2026.
Miguel Jaramillo, de GRADE, recordó que el mercado laboral no ha crecido lo suficiente para absorber la mano de obra, mientras que la informalidad laboral se ha consolidado como un problema estructural.
Por su parte, Yohnny Campana, de Macroconsult, indicó que el 73 % de los pobres del país reside en áreas urbanas y que la “urbanización de la pobreza” está directamente vinculada con el empleo informal.
Además, propuso integrar la economía popular al desarrollo local desde la gestión municipal, en lugar de reprimirla.
Ambos expertos coincidieron en que políticas de protección social innovadoras —como centros de cuidado infantil cerca a los centros de trabajo o transferencias con nuevas condicionalidades— pueden mejorar la productividad de los trabajadores informales y contribuir a reducir la pobreza urbana.
