Maricarmen Abascal, de 87 años, podrá regresar a la vivienda en la que residió durante más de siete décadas tras alcanzar un acuerdo con Urbagestión.
El caso se enmarca en las movilizaciones por el derecho a la vivienda que continúan en Madrid.
La negociación, mediada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, contempla un nuevo contrato de alquiler durante ocho años y una renta que no superará el 30% de sus ingresos netos.
El acuerdo llega pocos días después de que Maricarmen fuera desalojada de su domicilio, ubicado en el distrito madrileño de Retiro, España.
El desalojo se ejecutó el 23 de septiembre, después de varios intentos anteriores y de una disputa judicial que se prolongó durante años. Tras el desalojo, Maricarmen fue trasladada en camilla al Hospital Gregorio Marañón.
La mujer había vivido allí desde 1956, cuando llegó junto a sus padres. El contrato fue inicialmente firmado por su padre y posteriormente pasó a su madre tras su fallecimiento.
Después de la muerte de esta, en 2005, el contrato fue subrogado a Maricarmen, manteniendo las condiciones correspondientes a la relación arrendaticia.
La vivienda fue adquirida posteriormente por Urbagestión, que según las informaciones publicadas pasó a ser propietaria del inmueble en 2018.
Una renta que enfrentó a las partes
Durante décadas, Maricarmen pagó alrededor de 500 euros mensuales entre alquiler y gastos. La empresa propietaria planteó posteriormente nuevas condiciones económicas que la inquilina no podía asumir con su pensión, situada alrededor de los 1.400 euros mensuales.
Según las informaciones publicadas sobre el caso, se llegó a plantear una renta de unos 2.600 euros mensuales en un inicio y luego de 1600.Maricarmen no accedió.
También hubo propuestas de terceros para cubrir la diferencia entre la pensión de Maricarmen y el alquiler solicitado quien prefirió el anonimato.
Asimismo, se produjo una controversia sobre una posible oferta de compra de la vivienda por parte del Ministerio de Vivienda: Urbagestión afirmó no haber recibido una oferta formal, mientras que el Ministerio sostuvo lo contrario.
Finalmente, las negociaciones llegaron a buen puerto. El nuevo acuerdo permitirá que Maricarmen vuelva a su domicilio una vez reciba el alta hospitalaria.
El desalojo que provocó movilizaciones
El desalojo del 23 de septiembre generó una amplia movilización social. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid convocó protestas en solidaridad con Maricarmen y posteriormente se instaló una acampada en la Puerta del Sol, plaza principal de Madrid.
La movilización se extendió a otras ciudades españolas. Los manifestantes reclamaron medidas para proteger a los inquilinos vulnerables y plantearon el denominado “decreto Maricarmen”, con propuestas relacionadas con el derecho a la vivienda y la protección frente a los desalojos.
Aunque el acuerdo alcanzado permitirá a Maricarmen regresar a su casa, los organizadores de la acampada han señalado que continuarán movilizados.
La protesta ha pasado de centrarse exclusivamente en el caso de Maricarmen a reclamar medidas más amplias frente a las dificultades para acceder y permanecer en una vivienda.
Desde el hospital, Maricarmen también se dirigió a las personas que permanecían acampadas.
Además, la ministra de Vivienda de España Isabel Rodríguez García sostuvo que acompañó a Maricarmen para buscar una solución.
El derecho a la vivienda, una de las principales preocupaciones en España
El caso de Maricarmen ocurre en un contexto en el que el derecho a la vivienda ocupa un lugar central entre las preocupaciones de la población española.
El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de enero de 2026 situó a la vivienda como el principal problema del país: el 42,6% de los encuestados la mencionó entre los tres principales problemas existentes en España.
Le siguieron los problemas de índole económica, con un 21,2%, y el Gobierno y los partidos o políticos concretos, con un 16,6%. El estudio se realizó entre el 5 y el 10 de enero de 2026 mediante 4.006 entrevistas.
Un mercado de alquiler con presencia de multiarrendadores
El informe Un mercado dominado por multiarrendadores: Estructura y concentración del mercado del alquiler en España, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, analiza los datos del Panel de Hogares de la Agencia Tributaria correspondientes a 2023.
Según el estudio, entre las viviendas alquiladas pertenecientes a personas físicas, el 52,8% está en manos de propietarios que tienen dos o más viviendas destinadas al alquiler, mientras que el 47,2% corresponde a propietarios con una sola vivienda alquilada.
El informe se refiere específicamente al alquiler de vivienda habitual y excluye modalidades como los alquileres turísticos y los locales comerciales.
La concentración es mayor en algunas de las principales ciudades. En Madrid, por ejemplo, el informe señala que el 56,4% de los caseros particulares son multiarrendadores, frente al 43,6% que posee una única vivienda destinada al alquiler.
Estos datos permiten situar el caso de Maricarmen dentro de un debate más amplio sobre el derecho a la vivienda, el precio de los alquileres y la protección de los inquilinos.
Un acuerdo para Maricarmen, una protesta que continúa por el derecho a la vivienda
El regreso de Maricarmen a su vivienda pone fin, por ahora, a la incertidumbre sobre dónde viviría después del desalojo. El acuerdo alcanzado con Urbagestión establece las condiciones que permitirán su retorno.
Pero para quienes permanecen en la Puerta del Sol, plaza principal de Madrid, el caso representa algo más que el destino de una sola inquilina. Representa el acceso del derecho a la vivienda que demandan para los españoles.
Las organizaciones que participan en las movilizaciones mantienen sus demandas sobre el acceso a una vivienda asequible y la protección frente a los desahucios, mientras el debate sobre las políticas de vivienda continúa en España.