La decisión del canal fue anunciada en vivo y marca un punto de quiebre en uno de los episodios más sensibles que enfrenta actualmente la opinión pública.

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’, comunicó al inicio de su programa que la periodista “ya no pertenece más” a la casa televisiva.

Con ese mensaje, el medio dejó clara su postura frente a un caso que ha generado indignación nacional y que hoy involucra también a la comunicadora en una investigación fiscal.

Willax TV oficializa la separación de Marisel Linares

Durante la emisión en vivo, González detalló que la periodista fue separada de manera definitiva de Willax Televisión, donde conducía el noticiero central.

Según expresó, la decisión responde al compromiso del canal con la búsqueda de justicia para la “verdadera víctima”, en referencia a Lizeth Marzano.

Horas antes del anuncio oficial, el canal ya había retirado la imagen de Linares de sus plataformas digitales y material promocional.

Su ausencia en las fotografías institucionales y publicaciones en redes sociales anticipaba una determinación que finalmente se confirmó públicamente.

El pronunciamiento ocurre después de que se difundieran imágenes de cámaras de seguridad en las que se observa a Linares reunida con su hijastro, Adrián Villar, pocas horas después del atropello ocurrido en el distrito de San Isidro.

Fiscalía incorpora a Marisel Linares por presunto encubrimiento personal

La Fiscalía decidió incluir a la periodista en la investigación preliminar por el presunto delito de encubrimiento personal.

El proceso se desarrolla en paralelo a las diligencias contra su hijastro, quien enfrenta cargos por homicidio culposo, omisión de auxilio y abandono de la escena del accidente.

De acuerdo con información del Ministerio Público, Linares presentó un documento en el que afirma ser propietaria del vehículo implicado en el atropello.

No obstante, previamente había señalado en un comunicado que el auto ya no le pertenecía desde septiembre del año pasado.

Las pesquisas también contemplan la revisión de registros de videovigilancia de la Municipalidad de San Isidro.

Dicho material evidenciaría la posible participación de otras personas en acciones que habrían buscado sustraer al investigado de la acción de la justicia.

Imágenes revelan reunión horas después del accidente

Registros audiovisuales difundidos por medios de comunicación muestran a Marisel Linares junto a Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, aproximadamente cuatro horas después del atropello que terminó con la vida de la deportista.

En las imágenes también aparece un hombre que sería pareja de la periodista y padre del joven investigado.

La difusión de este material generó nuevas interrogantes sobre el conocimiento que habría tenido Linares respecto a quién conducía el vehículo involucrado.

Estos elementos se suman a la controversia por su ausencia en citaciones policiales para brindar declaraciones.

La abogada Rosario Sasieta sostuvo públicamente que la comunicadora podría enfrentar una eventual condena de hasta cinco años de prisión si se comprobara obstrucción a la justicia.

Investigación contra Adrián Villar sigue en curso

Mientras tanto, la investigación contra Adrián Villar continúa. El joven es procesado por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo, además de omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, en agravio del Estado.

El caso de Lizeth Marzano mantiene la atención pública no solo por la gravedad de los hechos, sino también por las implicancias legales y mediáticas que han alcanzado a figuras de la televisión nacional.

La decisión de Willax TV de apartar a Marisel Linares busca marcar distancia institucional mientras las autoridades determinan responsabilidades.

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Durante su primer mensaje a la nación tras asumir el cargo, el mandatario enfatizó que su gestión priorizará la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el proceso electoral.

En su pronunciamiento, subrayó que el principal compromiso de su administración será asegurar comicios pacíficos, transparentes y sin cuestionamientos.

“Debemos garantizar al pueblo una transición democrática electoral pacífica y transparente, sin ningún tipo de duda sobre las elecciones”, afirmó, marcando así la hoja de ruta de su gobierno hasta julio de 2026.

Compromiso con la democracia y la estabilidad económica

Desde el inicio de su intervención, Balcázar dejó claro que su prioridad será sostener la gobernabilidad en un contexto político complejo.

En ese sentido, ratificó que la economía continuará su curso y que no habrá interrupciones en las políticas destinadas a preservar el crecimiento y la estabilidad financiera del país.

Asimismo, destacó que la lucha contra la inseguridad ciudadana seguirá siendo un eje central de su gestión.

Según indicó, el Ejecutivo trabajará de manera coordinada con las instituciones correspondientes para reforzar las acciones que permitan proteger a la población y fortalecer el orden interno.

Trayectoria política y profesional

José María Balcázar Zelada nació el 17 de enero de 1943 en Nanchoc, provincia de San Miguel, región Cajamarca. Abogado de profesión y exmagistrado, desarrolló una amplia carrera en el sistema judicial, donde se desempeñó como juez superior y juez supremo provisional.

En 2021 llegó al Congreso como representante de Lambayeque por el partido Perú Libre. Durante el periodo legislativo 2021-2022, presidió la comisión encargada de seleccionar a los candidatos que integrarían el actual Tribunal Constitucional, proceso en el que defendió la transparencia y legalidad de los procedimientos.

Cambios partidarios y controversias

A mediados de 2022, el ahora mandatario dejó la bancada de Perú Libre y se integró a Perú Bicentenario.

Más adelante, en 2023, mientras presidía la Comisión de Educación del Parlamento, generó cuestionamientos por declaraciones públicas en torno al matrimonio infantil, lo que desató críticas desde diversos sectores.

En 2024 regresó a Perú Libre y confirmó que mantenía comunicación con el prófugo Vladimir Cerrón. Desde abril del año pasado, afronta una denuncia constitucional por presunta corrupción en un caso que también involucra a la fiscal Patricia Benavides.

Reacciones y cuestionamientos

Tras anunciarse su postulación a la Presidencia del Congreso, el Colegio de Abogados de Lambayeque expresó su rechazo, argumentando que Balcázar fue expulsado de la orden profesional luego de denuncias por presuntas irregularidades durante su gestión como decano.

Pese a las controversias, el legislador de 83 años logró ser elegido titular del Parlamento con el respaldo mayoritario de sus colegas. Como consecuencia directa de esa designación, asumió la Presidencia de la República en reemplazo de José Jerí, cargo que ejercerá hasta julio de 2026.

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El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aclaró que esta decisión no implica la privatización ni la liquidación de la empresa estatal, sino una salida responsable frente al escenario de insolvencia que atraviesa.

Según explicó el jefe del Gabinete Ministerial, la medida busca asegurar la continuidad de Petroperú como empresa pública, pero bajo nuevos estándares de eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera, dejando atrás prácticas que generaron desequilibrios económicos y privilegios injustificados.

Evaluación técnica para redefinir el futuro de Petroperú

Álvarez precisó que Proinversión será la entidad encargada de realizar una evaluación técnica, imparcial e integral de las unidades productivas de Petroperú. El objetivo es analizar la situación real de cada área y proponer alternativas específicas que permitan su viabilidad en el corto y mediano plazo.

En ese marco, el premier sostuvo que algunas unidades podrían requerir inversión privada mediante esquemas de asociación público-privada, otras podrían ser liquidadas si no resultan sostenibles, y un tercer grupo podría fortalecerse manteniéndose dentro del ámbito estatal.

“La premisa es clara: Petroperú debe seguir siendo pública, pero con una gestión eficiente, solvente y absolutamente transparente”, enfatizó Álvarez, subrayando que las decisiones se adoptarán exclusivamente con criterios técnicos y no políticos.

Abastecimiento garantizado y protección a los trabajadores

Uno de los puntos centrales abordados por el Ejecutivo es la garantía del suministro de combustibles, especialmente en aquellas regiones donde Petroperú opera como único proveedor.

El titular de la PCM aseguró que la reorganización no afectará el abastecimiento ni los precios de los combustibles, protegiendo así a las poblaciones más vulnerables.

Asimismo, afirmó que se respetarán plenamente los derechos legítimos de los trabajadores, descartando despidos arbitrarios y asegurando que no se rompa la cadena de pagos. El Estado, añadió, mantendrá los servicios públicos esenciales que brinda la empresa.

Reducción de privilegios y uso eficiente de recursos públicos

Álvarez también informó que se han destinado recursos públicos para un eventual proceso de reducción y reconversión de personal, el cual será definido únicamente bajo criterios técnicos.

Este proceso buscará optimizar la estructura de la empresa sin afectar los derechos laborales ni recurrir a decisiones discrecionales.

En esa línea, respaldó las declaraciones de la ministra de Economía, Denisse Miralles, quien reveló que más de la mitad de los gastos corrientes de Petroperú no se destinan a sueldos, sino a privilegios otorgados a altos funcionarios, una situación que el Gobierno busca corregir de manera inmediata.

Violencia en Pataz y lucha contra la minería ilegal

En otro momento, el premier se refirió a los recientes hechos de violencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. Detalló que se trató de un enfrentamiento entre grupos vinculados a la minería ilegal, que dejó un saldo de tres fallecidos y dos personas detenidas.

Álvarez aseguró que las fuerzas del orden actuaron con rapidez para controlar la situación e iniciar las investigaciones correspondientes.

Finalmente, reafirmó el compromiso del Ejecutivo de enfrentar de manera frontal la minería ilegal y fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas, calificando este problema como estructural y acumulado durante décadas.

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La medida establece una nueva política de comunicación social que deberá ser aplicada por todas las entidades del Poder Ejecutivo.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 366-2025-PCM, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Política de comunicación de cumplimiento obligatorio

De acuerdo con la norma, el uso del lema y su identidad visual será de carácter obligatorio en toda publicidad institucional informativa, así como en los mensajes mediante los cuales las entidades del Ejecutivo comuniquen los servicios que brindan a la ciudadanía.

Con esta decisión, el Gobierno busca establecer un mensaje unificado en sus acciones comunicacionales, reforzando una línea común en la forma en que se informa a la población.

Sentido del lema aprobado por la PCM

En la parte considerativa de la resolución se señala que la frase “¡El Perú a toda máquina!” sintetiza la idea de un accionar permanente, firme y sin pausas frente a la delincuencia, concepto que la norma identifica como una característica central de la actual gestión gubernamental.

Bajo ese enfoque, la PCM considera necesario contar con una política de comunicación social que sea aplicada de manera uniforme por todas las entidades del Poder Ejecutivo.

Lineamientos y desarrollo del Perú a toda máquina

La resolución precisa que la Secretaría de Comunicación Social de la PCM será la encargada de definir el desarrollo visual del logotipo asociado al lema.

Asimismo, dicha instancia deberá emitir los lineamientos técnicos y comunicacionales necesarios para garantizar la correcta aplicación de esta disposición en todas las entidades obligadas.

El dispositivo legal cuenta con la firma del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y marca un nuevo paso en la estandarización de la comunicación institucional del Ejecutivo.

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La declaratoria fue anunciada tras un Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente de la república, José Jerí, y permite la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para mantener el orden interno.

Como parte de la estrategia, se realizarán:

• Patrullajes motorizados permanentes en la frontera con Chile.
• Intervención a migrantes que crucen por zonas no autorizadas.
• Monitoreo aéreo con drones y acciones de inteligencia en tiempo real.

Además, se dispone la restricción temporal de ciertos derechos constitucionales: libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y libertad de tránsito, según lo establecido en el artículo 137 de la Constitución.

Para actividades religiosas, culturales, deportivas o de otro tipo con carácter masivo, se deberá solicitar permiso previo a las autoridades competentes. Las actividades no masivas podrán realizarse sin autorización.

En ese marco, el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec) de Tacna y los comités creados por el decreto permanecerán en sesión permanente, garantizando una respuesta articulada y eficaz.

Asimismo, se conformarán en las primeras 24 horas:

• El Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO)
• Los Comités de Coordinación Distrital (CCD)
• El Comité de Inteligencia (CI)
• El Comité de Fiscalización (CF)
• El Comité de Comunicación Estratégica (CCE)
  Todos con integrantes cuya participación es indelegable.

El decreto también fortalece la participación del Ministerio Público y del Poder Judicial, e impulsa el uso de denuncias en línea, además de ordenar operativos contra mercados ilegales relacionados con trata de personas, drogas, armas, chips y transporte informal, mediante una intervención multisectorial.

Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso con la seguridad nacional, la lucha contra el crimen y la protección de nuestras fronteras.

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La Cancillería peruana confirmó este martes que Heredia ingresó a la sede diplomática brasileña, ubicada en el distrito de Miraflores, y que su solicitud se realizó «en el marco de lo establecido por la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954».

Según las investigaciones judiciales, la expareja presidencial habría recibido aportaciones ilícitas del gobierno del fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez y de la constructora brasileña Odebrecht, durante las campañas electorales de los años 2006 y 2011.

Actualmente, Nadine Heredia permanece dentro de la embajada, mientras se aguarda una respuesta oficial del gobierno brasileño respecto a su pedido. Esta situación ha generado un nuevo foco de tensión diplomática y política entre Perú y Brasil.

El proceso de extradición y cooperación judicial entre ambos países podría verse afectado dependiendo de la decisión final del Estado brasileño, lo que añade complejidad a un caso emblemático en la lucha contra la corrupción en el Perú.

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La medida fue autorizada por el Poder Judicial, a pedido del Fiscal de la Nación, por presunto enriquecimiento ilícito al consignar declaraciones juradas falsas.

Como se recuerda la presidenta exhibió relojes y joyas de importante valor, las cuales no fueron consignadas en sus declaraciones juradas.

Varios relojes de la exclusiva marca Rolex así como una joya de la marca Cartier valorizada en 50 mil dólares, motivaron que la Fiscalía de la Nación actuara con rapidez.

De esta manera, al promediar las 10:45 a.m. los efectivos policiales llegaron al cruce de la calle Los Halcones y las Gaviotas en el distrito de Surquillo.

Los efectivos de la Diviac, encabezados por Harvey Colchado, tocaron en dos ocasiones el timbre de la casa de la presidenta y al no obtener respuesta tumbaron la puerta.

Según fuentes policiales, la presidenta no se encontraba en su domicilio al momento de la intervención policial. Sólo su hijo permanecía al interior y minutos después llegó el abogado de la presidenta, Mateo Castañeda.

La entrada Allanan la casa de Dina Boluarte: Fiscalía y Diviac ejecutan descerraje por presunto enriquecimiento ilícito se publicó primero en Periodismo en Línea.

Como se recuerda desde hace dos días unos 100 peruanos facilidades para regresar al país luego del conflicto armado entre israelíes y palestinos que podría tonarse incontrolable.

«Estamos coordinado con Cancillería y vistos los espacios, para que el avión presidencial pueda llegar el viernes a Telaviv para sacar a nuestros compatriotas en peligro», dijo brevemente Boluarte.

Sin embargo, aseguró que el Perú viene atendiendo a los peruanos afectados con alimentación y velando por su integridad en Israel.

«Desde el primer instante la Cancillería peruana tomó la atención y precaución de darle la asistencia (a los peruanos varados) como tenerlos a buen recaudo y alimentación», agregó la presidenta.

Sin embargo, la prensa nacional criticó duramente a la presidenta por disponer una gira por Europa, incluída una visita al Papa Francisco, mientras los connacionales reclamaban un vuelo humanitario.

Pero Boluarte recién anunció la asistencia del avión presidencial la madrugada de hoy 12 de octubre desde Alemania.

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RPP reportó que el parlamentario participaba en la Ciudad Blanca de Perumin, la convención minera líder en Latinoamérica y el mundo.

Guerra García, quien había cumplido 60 años el pasado 14 de mayo, sufrió una descompensación, de acuerdo con las personas que lo acompañaban.

Este fue trasladado al Hospital II Manuel de Torres Muñoz de Mollendo donde lamentablemente se certificó su muerte.

Será Fernando Rospigliosi, quien reemplace en funciones como accesitario a Guerra García y deberá asumir una curul en la bancada de FuerzaPopular.

Su vida y trayectoria

El congresista era hijo del excongresista Roger Guerra-García y de Mabel Campos Montoya, quien falleció cuando él era adolescente.

Era abogado y magíster en Administración por la Universidad ESAN. Se desempeñó como empresario, escritor y consultor en temas de emprendimiento y desarrollo⁴.

Guerra García inició su carrera política en el Partido Socialista Revolucionario, pero luego pasó por diversas agrupaciones como Fuerza Social, Partido Humanista Peruano y Fuerza Popular.

En las elecciones generales del 2021 obtuvo 55,987 votos, cifra que lo convirtió en congresista de la República para el periodo 2021-2026⁴.

Durante su gestión parlamentaria, Guerra García se destacó por ser uno de los líderes de la oposición al gobierno de Pedro Castillo y por defender los intereses del sector minero.

Fue uno de los impulsores de la moción de vacancia contra el presidente Castillo por incapacidad moral permanente.

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Acompañada de las cámaras de la agencia AP y de otros medios, la flamante congresista sacó de su cartera fajos de 5 mil soles y entregó a cada madre de familia unos 100 soles (50 dólares americanos en ese entonces).

Es así que el 28 de agosto de 1995 salió de su vehículo y saludó a los residentes de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores, que en ese entonces era una de las más pobres de Lima.

Susy Díaz dijo en ese entonces que se sorprendió por la miseria que ha visto en Lima mientras recibía el saludo de los pobladores.

«Sí, prometí dar mi primer salario a una causa humana y elegí Pamplona Alta porque me impresionaron las personas que viven en la pobreza extrema», indicó la congresista en aquella época.

Susy Díaz dijo que se trata de personas que necesitan ayuda y que se iba en paz porque podría ayudarlos al menos con cinco mil soles. «He estado yendo casa por casa dando 100 soles para ayudarlos en lo que necesiten», comentó aquel día.

Las cifras de Susy Díaz en el Congreso

• Susana Díaz Díaz presentó 120 proyectos legislativos entre 1995 y 2000.
• De estos, 34 fueron aprobados.
• Algunas de las principales leyes que se aprobaron incluyen:
  • La inclusión de los delitos informáticos en el Código Penal (Ley N° 27309).
  • La ampliación de la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV), Impuesto de Promoción Municipal (IMP) e Impuesto a la Renta para los productores agrícolas (Ley N° 27217).

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El magistrado explicó que así lo contempla el artículo 316-A del Código Penal, el cual sanciona el delito apología de terrorismo a quien exalta, justifica o enaltece el delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe

“En el caso del docente es considerado una circunstancia agravante, la segunda más grave, pues a esta persona se le confiere la responsabilidad de formar ciudadanos, y lo que estaría haciendo es distorsionar el comportamiento de ellos”, explicó.

Respecto a las pruebas, el magistrado dijo que estas pueden ser desde un video, en caso la clase haya sido grabada o el testimonio de los estudiantes que recibieron el supuesto mensaje apologético por parte del docente.

“En este caso tendríamos que analizar el contenido apologético (dado por el docente), ya sea si este exalta o enaltece el delito de terrorismo o a la persona condenada por ese delito de terrorismo”, detalló.

REDES SOCIALES

En el caso de apología de terrorismo cuando  se enaltecen o justifican estos hechos a través de medios de comunicación este comprende también su difusión en libros, escritos, imágenes visuales o el uso de tecnologías de la información o comunicación (redes sociales).

“La difusión de mensajes con contenido apologético a través de las redes sociales es considerada una de las circunstancias más graves que establece el código y la pena varía de 8 a 15 años, según el nivel de probanza”, dijo.

El magistrado detalló que una vez que se conoce el contenido del mensaje se analiza cuál ha sido la intencionalidad de la persona al difundirlo y sí se ha tenido la intención de justificar o enaltecer un hecho terrorista.

Hace unas semanas, el Primer Juzgado Penal Colegiado Nacional, que preside el juez Huamán Vargas, en audiencia de adelanto de fallo impuso ocho años de prisión a Julián Cuba Jurado y Richard Alex Cornejo por el delito de apología de terrorismo por enaltecer a través de sus redes sociales al condenado por terrorismo Abimael Guzmán.

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Boluarte aclaró que sí fue electa dentro de la plancha presidencial de Pedro Castillo y remarcó que ello no es un cheque en blanco.

Lamentó además la muerte de dos personas en Andahuaylas por las protestas, así como la escalada de los niveles de confrontación política, «lo que no es saludable para el país, ni para la economía, ni para luchar contra la pobreza».

“He decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024, en los próximos días remitiré un proyecto de ley de adelanto de las elecciones para ser consensuado con las fuerzas políticas», indicó Boluarte.

Dijo que esto implica reformas constitucionales que deben ser aprobadas con los procedimientos expeditivos que contempla la propia Constitución.

Subrayó que desde este momento, hasta la fecha de las próximas elecciones, el actual gobierno promoverá la concertación en el Congreso de una ley de reforma del sistema político que permita a los peruanos contar con un sistema democrático y de gobierno más eficiente, transparente, participativo y ajeno a la corrupción, con partidos políticos legitimados por la participación ciudadana.

Estado de emergencia ante protestas

En su mensaje, Dina Boluarte también anunció la declaratoria del estado de emergencia en zonas de alta conflictividad social.

“He dado las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Lamento el fallecimiento de nuestro compatriotas de Andahuaylas, Apurímac. Expreso mis sentidas condolencias a sus familiares”, recalcó.

En otro momento, la jefa de Estado indicó también que es plenamente consciente que fue elegida en una plancha presidencial que ganó legítimamente las elecciones generales del año 2021, y remarcó que ello no era un cheque en blanco, sino un compromiso con el pueblo peruano, con las instituciones y la construcción de la democracia, el crecimiento económico y la justicia social.

Recalcó que ella asumió la Presidencia en momentos difíciles, por lo que se requieren reformas constitucionales para crear un sistema político idóneo. Manifestó que la ciudadanía será cohesionada cuando no se tenga ni pobres, ni excluidos en el país.

“Mi deber como presidenta en la difícil hora actual es leer y recoger las preocupaciones de la gran mayoría de peruanos, el interés colectivo de la nación debe anteponerse a cualquier otra consideración”, subrayó.

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