Por tanto, en virtud de esta decisión, el Estado peruano deberá abonar sumar de entre 70 y 80 mil dólares a cada familiar informó el primer vicepresidente de la República, Luis Giampietri, al pedir el uso de la palabra en la Comisión de Defensa del Parlamento.
Frente a esta situación, Giampietri anunció que elaborará un proyecto de ley para crear una pluralidad de instancias de la CIDH. Asimismo, planteó de manera personal que el Perú se retire de la Corte de San José, porque -según dijo- dicha instancia está premiando a terroristas con indemnizaciones.
Cabe indicar que el vocero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Arturo Monge, dijo que continúan la evaluación del pedido de interpretación formulado por el Estado peruano sobre la sentencia del caso del penal Miguel Castro Castro, y aún carece de fecha para emitir una resolución.