Durante el conflicto, las organizaciones agropecuarias han demandado que el Congreso trate el nuevo esquema impositivo, que consideran confiscatorio. Pero el aumento impositivo se mantendrá vigente hasta que se pronuncie el Congreso.
Con el envío de la iniciativa al Legislativo, la mandataria busca darle peso de ley a la controvertida resolución del gobierno que dispuso un sistema de retenciones (gravámenes) móviles atado al precio de los granos en el mercado internacional. Desde su implementación en marzo por resolución del Ejecutivo, las organizaciones rurales han rechazado la medida con cuatro huelgas.
"En el día de la fecha voy a enviar al Parlamento de la Nación un proyecto de ley, porque si no les basta con esta presidenta que hace seis meses obtuvo el 46% de los votos… voy a enviar (el proyecto) para que en el Parlamento también sea tratada la medida'', dijo la mandataria durante un acto en la casa de gobierno.
El Partido Justicialista (peronista), al que pertenece la mandataria, posee mayoría en ambas cámaras del Congreso. "Recién ahora se abrió la instancia de la democracia'', dijo a la televisión local Alfredo De Angeli, una de las figuras más emblemáticas de la protesta rural. «Esto se tendría que haber hecho antes'', agregó.
De Angeli indicó que las organizaciones rurales se reunirían de inmediato para decidir si continúan la cuarta huelga de comercialización de granos que comenzó el pasado domingo.
