Los dirigentes sociales vienen siendo procesados por el Juez Lucio Salva Ricaldi, del 1er Juzgado Penal de la provincia de Chanchamayo, La Merced y habrían sido responsabilizados por atentar contra el patrimonio, la seguridad y la tranquilidad pública.
Al respecto la ONG Aprodeh APRODEH adviertió que este viene a ser el sexto caso de dirigentes sociales judicializados por ejercer su derecho constitucional a la protesta. En los últimos meses, en la Amazonía han ocurrido situaciones similares en Andoas y Puerto Maldonado.
Tanto en este caso, como en los anteriores, se ha abierto instrucción y ordenado la captura de las personas sin que se precise en la resolución cuál sería la conducta delictiva que ellos realizaron, más aún cuando la mayoría ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos, señala Aprodeh.
Sin embargo según fuentes de Periodismo en Línea la real imputación a las autoridades es desorden público y autoría intelectual de los hechos de violencia ocurridos recientemente.