Según el diario Correo, fuentes legislativas revelaron que el parlamentario Carlos Bruce (AP), delegado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para elaborar el informe final del caso, recomendaría acusarlo por los delitos de falsedad genérica y peculado.
Bruce no habría necesitado hurgar mucho, pues Lucía Bravo, funcionaria del área de Tesorería del Congreso, presentó varias liquidaciones de los gastos operativos de Anaya firmados por el propio denunciado y no por su ex asesor Guillermo Lizarzaburu.
Como se recuerda, Anaya acusó a Lizarzaburu de falsificar sus boletas ante la Tesorería del Congreso para beneficio propio; sin embargo, Bravo aclaró que el legislador nunca denunció dicho incidente.
La funcionaria presentó además un memorándum que observa y devuelve a Anaya la boleta de pago por la compra de un pasaje aéreo Lima-Italia-Lima a la empresa Ida Service S.A.C., y que el legislador presentó para recibir su reembolso.
Como se recuerda, la Liga Italo-Peruana invitó a Anaya para visitar dicho país, con todos los gastos pagados, pero éste habría presentado un recibo falso de Ida Service. Justamente, Antonio Suárez –dueño de dicha empresa– declaró ante la subcomisión que no se dedican al rubro de transporte aéreo y que sus boletas fueron clonadas.
Hay suficiente evidencia que demostraría que el congresista presentó facturas falsas para justificar el consumo en una pollería y el pago de un boleto aéreo. Habría falsedad genérica y analizamos un posible peculado, adelantó una fuente a Correo.