“Nosotros estamos investigando alrededor de 10 empresas, además de Bussines Track, y a finales del mes de abril estaremos en condiciones de señalar si hay o no responsabilidad y en que medida”, manifestó.
Recordó que la comisión que preside ha recibido el encargo de investigar todas las posibles redes de interceptación telefónica que operan en el país, y no solo a la empresa Bussines Track.
En otro momento, Luizar informó que se están analizando los niveles de implicancia en el caso por parte de los operadores de telefonía.
“Queremos determinar si se ha cumplido lo señalado en la Ley de Telecomunicaciones en cuanto a la obligación por parte del operador, de proteger las comunicaciones”, declaró en Radio Nacional.
Destacó la necesidad de adoptar medidas de resguardo para que las comunicaciones se mantengan protegidas. El parlamentario dijo que los operadores telefónicos deben explicar su participación en cada caso y el nivel de incumplimiento en la protección de las comunicaciones.
De otro lado, comentó que durante el gobierno anterior, un grupo de funcionarios intervino en un proceso de adquisición de equipo para escucha legal, sin embargo, la compra no se concretó por acción de la Contraloría.
“Ahora tenemos evidencia que hubo un sector de gente que participo en ese momento y sabe cómo adquirir equipos, que pudieran estar ahora operativos en el país”, dijo.
Agregó que, a esto, puede sumarse los equipos de interceptación utilizados durante el fujimorismo, y que desaparecieron tras la caída de ese régimen.