El también presidente de la Comisión de Constitución dijo, no obstante, que el referido dictamen, que establece un trato igualitario para todas las confesiones religiosas, fue ampliamente consultado a varios sectores y discutido hace más de un año.
“No se van a pedir más opiniones, pero la Iglesia puede alcanzar sus opiniones a las bancadas o directamente al pleno del Congreso, porque es un proyecto que puede ser modificado y mejorado”, manifestó a la agencia Andina.
Además, señaló que la propuesta no afecta la participación de la Iglesia católica en la educación pública nacional ni el concordato suscrito con el Vaticano, sobre la relación del Estado con la Iglesia católica.
Tampoco crea ningún beneficio o exoneración tributaria adicional, ni obliga al país a suscribir nuevos convenios para subvencionar a otras religiones.
Sobre este último punto, recordó que el artículo 50 de la Constitución Política otorga la prerrogativa al Estado peruano de firmar tratados con otros cultos para tales fines. “(…) pero no es tarea de la ley, sino de un tema de Estado.”
En ese sentido, ratificó que la igualdad de religión no requiere de una regulación técnica y jurídica, tal y como lo sostiene la CEP, porque no supone la entrega de subvenciones.
Vargas afirmó que no existen argumentos para oponerse a la norma, a la cual calificó de “progresista” y “avanzada”.