El Ministerio Público elevará muy pronto una acusación fiscal contra el marino Elías Ponce Feijoo y otros ex trabajadores de la intervenida firma Business Track (BTR), sospechosa de desarrollar actividades de espionaje telefónico, sin embargo todo apuntaría a que el grado de responsabilidades quedaría en ese nivel.
De acuerdo a fuentes judiciales, los magistrados a cargo de investigar el presunto espionaje telefónico, Walter Milla López y Mateo Castañeda, quienes habrían revisado casi las tres cuartas partes de todo el material incautado a BTR en enero de 2009, no incluirían en sus dictámenes mención alguna a ilícitos hallados en las conversaciones interceptadas a los hoy procesados Alberto Químper y Rómulo León.
Del mismo modo, no se ha conocido todavía si el Ministerio Público proyecta pedir que se procese a los representantes legales de importantes empresas de distinto rubro que, según se presume, habrían financiado la ilícita intercepción de las comunicaciones.
El fiscal Castañeda, como se recuerda, llegó a ser acusado por Giselle Giannotti, operadora de BTR, de actuar en complicidad con el suspendido secretario general del Partido Aprista, Jorge Del Castillo, y con el también ex ministro Hernán Garrido Lecca, con la finalidad -según Giannotti- de no perjudicarlos durante la revisión de todo lo obtenido con el «chuponeo».
De todos modos, trascendió que a Ponce Feijoo, a Giannoti y a los otros involucrados en las actividades de BTR se les imputaría la presunta comisión de los delitos de interceptación telefónica, asociación ilícita para delinquir y violación del secreto de las comunicaciones.
Vale decir que los resultados de las investigaciones efectuadas por Milla y Castañeda se esperaban para la primera semana de junio, con el fin de iniciar de una vez los procesos judiciales en torno a la presunta red de interceptqación telefónica montada para ayudar a intereses empresariales y/o políticos.