Alejandro Toledo tendrá que ir a preso. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ordenó hoy la medida de prisión preventiva por 18 meses al ex presidente de la República, investigado porque habría recibido sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a cambio la entrega de la buena pro del corredor vial de la Interoceánica Sur Perú-Brasil, en el año 2005.
Debido a que el exmandatario no acudió a la audiencia y por encontrarse fuera del país, el juez Richard Concepción Carhuancho dispuso oficiar de inmediato a la Interpol para su ubicación y captura internacional.El magistrado tomó la medida después de escuchar los fundamentos del requerimiento por parte del fiscal Hamilton Castro Trigoso, así como los argumentos de defensa de Heriberto Benítez Rivas, abogado de Toledo Manrique. Éste, finalmente, apeló la decisión judicial.
Castro Trigoso atribuye al exmandatario la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias y de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia, en el marco de una organización criminal internacional.
El fiscal presentó diversos elementos probatorios que, a su juicio, evidencian una vinculación del exmandatario con los delitos que se le atribuyen, como la declaración del representante de Odebrecht, Jorge Simoes Barata, que refiere el pedido inicial del supuesto intermediario de Toledo –Avraham Dan On–, de US$ 35 millones para adjudicarle a su empresa la referida obra.
También mencionó transferencias de dinero de la compañía Odebrecht a cuentas de empresas offshore del ciudadano peruano israelí Josef Maiman, personaje vinculado a Toledo, situadas en paraísos fiscales.
Por su parte, Benítez Rivas, manifestó que los indicios presentados por el fiscal Castro Trigoso solo generan convicción para realizar una investigación, pero no para dictar una medida extrema como la prisión preventiva. Indicó que se pretendía enviar a la cárcel a Toledo sin que se haya escuchado su versión.
El abogado sustentó su defensa en informes y jurisprudencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y sentencias de casación de la Corte Suprema de Justicia, que fijan criterios para la aplicación de la prisión preventiva. En ese sentido, pidió al juez que se le investigue bajo las reglas de la comparecencia.
