Hasta el 29 de octubre, el Estado Peruano tendrá tiempo para justificar las razones que – por decisión del expresidente Pedro Pablo Kuczynski – tuvo para para conceder el indulto humanitario al mandatario, Alberto Fujimori, el 24 de diciembre del año pasado.
De acuerdo al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – notificado al gobierno este viernes – se solicita “información sobre los avances por parte de la jurisdicción constitucional del control del ‘indulto por razones humanitarias’ concedido a Alberto Fujimori, en relación con el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las Sentencias emitidas en los casos Barrios Altos y La Cantuta”
En tal sentido, la Corte manifiesta que “el Perú no ha dado cumplimiento total a la obligación de “investigar, juzgar y de ser el caso, sancionar las graves violaciones a los derechos humanos determinadas en las sentencias emitidas por la CIDH en los casos Barrios Altos y La Cantuta”.
Por otro lado, en su parte resolutiva también pide mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de las medidas de reparación del caso de Barrios Altos tales como: investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se hizo referencia en la sentencia de fondo, pago de indemnizaciones y de intereses moratorios, el avance de la incorporación de la figura jurídica que resulte más conveniente para tipificar el delito de ejecuciones extrajudiciales, entre otros.
Respecto al caso de La Cantuta, demanda realizar diligencias para determinar a los responsables, del hecho, proceder de inmediato a la búsqueda y localización de los restos mortales de las víctimas, proveer a los familiares – previo consentimiento – de un tratamiento adecuado de salud, y pagar compensaciones por daños materiales.
Tras el indulto otorgado al expresidente Fujimori, los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta decidieron presentar un recurso para anular la prorrogativa presidencial.
Luis Miguel Guerrero Dávila.
