Intervención de Fiscalía estuvo a cargo de magistrada Marita Barreto, en investigación a Vicente Díaz Arce y Amanda Palomino Córdova
La fiscal especializada en Lavado de Activos, Marita Barreto, encabezó esta mañana la incautación de un total de 38 inmuebles que habrían sido adquiridos ilícitamente por Vicente Díaz Arce y Amanda Palomino Córdova, a quienes se investiga por sus presuntos vínculos con la red criminal que encabezó Rodolfo Orellana.
La intervención se efectuó en simultáneo en cinco predios comprendidos en los distritos de La Victoria, Miraflores y el Cercado de Lima. La incautación más grande se efectuó a 25 puestos comerciales ubicados en el interior de la galería Don Ricardo, del emporio comercial de Gamarra. Asimismo, fue intervenido el hotel de tres estrellas ‘La Virreyna’ de Miraflores y un departamento ubicado en el piso 18 de la avenida Petit Thouars.
También fueron intervenidos dos inmuebles comerciales ubicados en la cuadra 7 de la avenida Prolongación Gamarra y un restaurante en La Victoria.
La titular de Segunda Fiscalía Provincial Especializada en delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio de Lima explicó que la incautación de los inmuebles busca asegurar su posesión por parte del Estado Peruano, en el marco de la investigación que se sigue a Díaz Arce y Palomino Córdova por presunto uso de dinero de procedencia ilícita.
“Con estas medidas cautelares, el Ministerio Público pretende asegurar que las organizaciones criminales no continúen beneficiándose del dinero o activos obtenidos ilícitamente, por ello se ha dispuesto que todos los inmuebles incautados sean transferidos bajo la administración del Programa Nacional de Bienes Incautados”, sostuvo la magistrada.
De otro lado, subrayó que anualmente el monto de ganancias ilegales recaudado por los esposos Díaz Arce y Palomino Córdova habría sido de más de un millón de soles.
La intervención a los inmuebles se realizó tras obtenerse la autorización judicial del juez Richard Concepción Carhuancho. El operativo fue posible con el apoyo de 18 fiscales adjuntos provinciales y más de 200 efectivos de la División de Lavados de Activos de la Policía Nacional, a cargo del general Carlos Guillen Enríquez.
