Los congresistas de la República se aferran a la inmunidad parlamentaria rechazando así la iniciativa del Ejecutivo que planteaba que la Corte Suprema sea la que determine si se levanta el fuero para investigar a un legislador.
En la Comisión de Constitución se debatió la citada propuesta planteada por el Ejecutivo, la cual fue rechazada. En tanto, la presidenta de dicho grupo de trabajo, Rosa Bartra, anunció que propondrá, en el más breve plazo, la modificación del artículo 16 del Reglamento del Congreso para precisar los alcances referidos a las inmunidades de arresto y proceso de los legisladores.
Votaron a favor los legisladores Nelly Cuadros, Francisco Villavicencio, Héctor Becerril, Marisol Espinoza, Mario Mantilla y Mauricio Mulder.
También Víctor García Belaunde, Luis Galarreta, Roy Ventura, Segundo Tapia, Tamar Arimborgo, Luz Salgado, Milagros Takayma y Guillermo Martorell.
En contra votaron los parlamentarios a Marisa Glave, Jorge Meléndez, Marco Arana, Alberto Oliva y Alberto Quintanilla.
Defensa de la inmunidad parlamentaria
Durante el debate de esta propuesta, que duró más de tres horas, la mayoría de legisladores hicieron una fuerte defensa a la inmunidad parlamentaria que tiene como fin el ejercicio libre de las funciones de control y de fiscalización. También rechazaron que sea otro poder del Estado el que decida el levantamiento de esa prerrogativa.
El legislador Mauricio Mulder señaló que se debe rechazar la intención del gobierno de que sea un ente ajeno el que resuelva la inmunidad parlamentaria y lamentó que tenga una fijación utilizar al Congreso “como piñata” para mantener su popularidad.
“El Poder Judicial tiene el cuajo de decir que es el Congreso el que se demora en el levantamiento de la inmunidad. Hay casos que tienen 50 años en ese fuero y todavía no se cierran», anotó.
Respecto al dictamen propuesto, dijo que si bien no recoge lo que señala el Ejecutivo, cae en el aspecto que solo debe ser regulado en el Reglamento del Congreso.
En tanto, Luis Iberico indicó que no se puede legislar con base en la coyuntura o un mal momento que puede estar atravesando el Congreso de la República. Agregó que la inmunidad es una garantía, no individual, del congresista, sino institucional del Parlamento para protegerla función congresal.
“Tenemos que pensar en el largo plazo a la hora de hacer una reforma de la Constitución. Los congresistas pasamos, la institución y el Congreso quedan. La investidura queda», anotó Iberico, al tiempo que anunció que su bancada estará a favor de que no se recorten las atribuciones del Congreso.
Seguidamente, Luz Salgado indicó que lo peor que se puede hacer es legislar con el hígado, por eso pidió legislar con la razón.
«Hay que defender este mecanismo de protección a la institución. Hay que pensar en los que van a venir. Los vamos a dejar desnudos, no van a poder investigar, van a estar sujetos a toda clases de investigaciones como lo que pretendía la red Orellana con Víctor García Belaunde«, recordó.
Por su parte, García Belaunde, precisó que fueron 25 los juicios que le impuso la red de Rodolfo Orellana y fue víctima de otros más por la vía expresa del Callao, de Alex Kouri.
Señaló que a los integrantes de la Corte Suprema no los elige el pueblo, pero a los congresistas sí. “¿Un representante del pueblo va a estar sometido a un juez de carrera, que no todos son respetables?, se preguntó.
En otro momento, dijo que la inmunidad es al Parlamento como la gasolina es al automóvil, y sin inmunidad no hay fiscalización. «No vamos a renunciar a la inmunidad, señor Vizcarra si nos está viendo. Sin inmunidad no hay Parlamento. De lo contrario cerremos el Congreso», puntualizó.
A su turno, Héctor Becerril lamentó que haya fuerzas interesadas en cambiar el equilibrio de poderes. Dijo que estamos viendo hoy que la justicia en el país no es igual para todos, y se preguntó si es «a esa justicia a la que se quiere dar la facultad de decidir el levantamiento de la inmunidad«.
«No va a pasar que al Congreso le quiten poderes. Hay bancadas que quieren anarquía y quitar majestad al Congreso», afirmó. El congresista Alberto Quintanilla (NP) precisó que su bancada presentó la iniciativa legislativa mucho antes del caso Edwin Donayre y otros, y que este no responde a una coyuntura. «Es una tema de principios”, agregó.
«Ese dicho de que ‘otorongo no come otorongo’ es el reflejo de la realidad de cómo nos percibe la población, que dice que tenemos privilegios», indicó.
Posición de la izquierda
El parlamentario Marco Arana cuestionó que la inmunidad no puede seguir siendo mal utilizada. Dijo que se está convirtiendo en impunidad y eso para el Frente Amplio es inaceptable. «La gente nos está diciendo no usen el Congreso para ponerse por encima de la Ley».
Por su parte, la parlamentaria Lourdes Alcorta dijo que no le cedería jamás a otro poder del Estado el tema de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, opinó que se debe tener en claro que la inmunidad no es impunidad.
En su momento, el parlamentario Jorge Meléndez (PPK) detalló que en el periodo 2001-2006, de 41 pedidos de levantamiento de la inmunidad, solo 2 procedieron; del 2006-2011, de 15 casos, 2 procedieron; mientras que en el 2011-2016, de 15, 4 casos procedieron.
El legislador criticó que la inmunidad se esté utilizando como un incentivo para que muchos candidatos postulen, ganen y se protejan en el Congreso. Aclaró que en la propuesta del Ejecutivo no dice que se elimine la inmunidad, sino que lo encarga a otro poder del Estado.
Casi al final debate la legislador Rosa Bartra señaló que la inmunidad no es un privilegio sino una garantía para el ejercicio del cargo. Seguidamente mostró un documento que establece que la Fiscalía Corporativa especializada de delitos de corrupción de funcionarios de Moquegua ha dispuesto que se acuse a Martin Vizcarra por el delito contra la administración pública, peculado, por apropiación en agravio del Estado y del gobierno regional de Moquegua.
“Decide no requerir acusación por ahora contra Vizcarra en su condición de exgobernador regional, porque debe considerarse que la facultad de ejercer la acción penal pública expresada en acusación se encuentra habilitada recién a partir del 29 de julio”, indicó Bartra.
También dieron sus opiniones los legisladores Marisa Glave, Gilbert Violeta, Luis Galarreta, Marisol Espinoza, Segundo Tapia, César Villanueva, entre otros.
