La Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunció sobre la crisis política en el Perú, luego de la disolución del Congreso de la República por parte del Presidente Martín Vizcarra y la suspensión de este último en el Parlamento por «incapacidad temporal».
La OEA consideró que compete al Tribunal Constitucional del Perú pronunciarse respecto a la legalidad y legitimidad de las decisiones institucionales adoptadas, así como sobre las diferencias que pudieran existir en la interpretación de la Constitución, conforme a las acciones y planteos que realicen los actores políticos al mismo.
No obstante, la OEA consideró un paso constructivo que las elecciones al Congreso han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión recaiga sobre el pueblo peruano, en el que radica la soberanía de la Nación.
A través de un comunicado difundido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sostuvo que es conveniente que la polarización política que sufre el país la resuelva el pueblo en las urnas.
«Es un paso constructivo que las elecciones han sido llamadas conforme a los plazos constitucionales y que la decisión definitiva recaiga sobre el pueblo peruano, en el que radica la soberanía de la Nación», refiere.
Asimismo, la secretaría general de la OEA estima deseable que las partes «realicen gestos que propicien la calma ante la crisis».
«Es prioritario que la ciudadanía no sea expuesta a hechos de violencia en un marco de conflictividad y fragilidad política observable en los últimos meses a través de distintos puntos de posible escalada de conflictos sectoriales que, si bien son ajenos a la crisis de referencia, podrían complicar la coyuntura», agrega.
En ese sentido, sostiene que se mantienen a la disposición de los actores políticos peruanos «en caso decidan requerir apoyo para soluciones acorde al Estado de derecho y el orden constitucional del país«.
El comunicado emitido por el organismo supranacional añade que es responsabilidad política de la secretaría general de la OEA velar por el cumplimiento del ejercicio efectivo de la democracia representativa como la base del Estado de derecho y los regímenes constitucionales.
