El Gobierno nacional anunció el inicio de una reorganización integral de Petroperú S.A. tras la emisión del Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias para su reestructuración patrimonial y operativa.
El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, aclaró que esta decisión no implica la privatización ni la liquidación de la empresa estatal, sino una salida responsable frente al escenario de insolvencia que atraviesa.
Según explicó el jefe del Gabinete Ministerial, la medida busca asegurar la continuidad de Petroperú como empresa pública, pero bajo nuevos estándares de eficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera, dejando atrás prácticas que generaron desequilibrios económicos y privilegios injustificados.
Evaluación técnica para redefinir el futuro de Petroperú
Álvarez precisó que Proinversión será la entidad encargada de realizar una evaluación técnica, imparcial e integral de las unidades productivas de Petroperú. El objetivo es analizar la situación real de cada área y proponer alternativas específicas que permitan su viabilidad en el corto y mediano plazo.
En ese marco, el premier sostuvo que algunas unidades podrían requerir inversión privada mediante esquemas de asociación público-privada, otras podrían ser liquidadas si no resultan sostenibles, y un tercer grupo podría fortalecerse manteniéndose dentro del ámbito estatal.
“La premisa es clara: Petroperú debe seguir siendo pública, pero con una gestión eficiente, solvente y absolutamente transparente”, enfatizó Álvarez, subrayando que las decisiones se adoptarán exclusivamente con criterios técnicos y no políticos.
Abastecimiento garantizado y protección a los trabajadores
Uno de los puntos centrales abordados por el Ejecutivo es la garantía del suministro de combustibles, especialmente en aquellas regiones donde Petroperú opera como único proveedor.
El titular de la PCM aseguró que la reorganización no afectará el abastecimiento ni los precios de los combustibles, protegiendo así a las poblaciones más vulnerables.
Asimismo, afirmó que se respetarán plenamente los derechos legítimos de los trabajadores, descartando despidos arbitrarios y asegurando que no se rompa la cadena de pagos. El Estado, añadió, mantendrá los servicios públicos esenciales que brinda la empresa.
Reducción de privilegios y uso eficiente de recursos públicos
Álvarez también informó que se han destinado recursos públicos para un eventual proceso de reducción y reconversión de personal, el cual será definido únicamente bajo criterios técnicos.
Este proceso buscará optimizar la estructura de la empresa sin afectar los derechos laborales ni recurrir a decisiones discrecionales.
En esa línea, respaldó las declaraciones de la ministra de Economía, Denisse Miralles, quien reveló que más de la mitad de los gastos corrientes de Petroperú no se destinan a sueldos, sino a privilegios otorgados a altos funcionarios, una situación que el Gobierno busca corregir de manera inmediata.
Violencia en Pataz y lucha contra la minería ilegal
En otro momento, el premier se refirió a los recientes hechos de violencia en la provincia de Pataz, en la región La Libertad. Detalló que se trató de un enfrentamiento entre grupos vinculados a la minería ilegal, que dejó un saldo de tres fallecidos y dos personas detenidas.
Álvarez aseguró que las fuerzas del orden actuaron con rapidez para controlar la situación e iniciar las investigaciones correspondientes.
Finalmente, reafirmó el compromiso del Ejecutivo de enfrentar de manera frontal la minería ilegal y fortalecer la presencia del Estado en las zonas afectadas, calificando este problema como estructural y acumulado durante décadas.
