No obstante comisión Permanente del Congreso no acusó constitucionalmente a César Hinostroza como integrante de una organización criminal
La Comisión Permanente aprobó por unanimidad el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomendó destituir e inhabilitar al juez supremo César Hinostroza Pariachi y a los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, Julio Gutiérrez Pebe, Sergio Noguera Ramos, Guido Águila Grados y Orlando Velásquez Benites.
En el caso de Hinostroza la votación por su destitución e inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública fue unanimidad.
El magistrado fue acusado por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. El delito por organización criminal fue rechazado por 19 votos en contra, siete a favor y cero en contra.
Del mismo modo, se aprobó por mayoría la destitución y la acusación por el delito de patrocinio ilegal al ex consejero, Sergio Iván Noguera Ramos. La sanción por inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública; y por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y organización criminal fue rechazada.
Por mayoría también fue destituido e inhabilitado por diez años para el ejercicio de la función pública el ex consejero Julio Gutiérrez Pebe. Igualmente, fue acusado por la presunta comisión de delito cohecho pasivo específico y se rechazó acusarlo por el delito de integrar una organización criminal.
Por otro lado, por unanimidad se destituyó e inhabilitó por diez años para el ejercicio de la función pública al ex consejero Guido Águila Grados, así como acusarlo por el presunto delito de patrocinio ilegal. Los presuntos delitos de cohecho pasivo específico y organización criminal no obtuvieron los votos suficientes para la sanción.
Finalmente, el ex consejero, Orlando Velásquez Benites, fue destituido, pero no alcanzó los votos para la inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública. De igual manera, fue sancionado por el presunto delito de cohecho pasivo específico y por el supuesto delito de organización criminal no alcanzó los votos aprobatorios.
Durante el debate, el parlamentario Marco Arana (FA), criticó a los ex consejeros y a su defensa por desconocer la argumentación al decir que el Congreso no puede acusarlos. Aclaró que se ha actuado por el tema de infracción constitucional y por el juicio político que, según dijo, tiene naturaleza jurídica propia y que es una función del Congreso.
Por su parte, Gino Costa (NA) dijo que el informe de la sub comisión está bien fundamentado. Igual opinión tuvo el vocero de la bancada de Frente Amplio, Humberto Morales, quien señaló que existen indicios para inhabilitar y sancionar a los ex consejeros.
Javier Velásquez Quesquén (CPA), dijo que la Comisión Permanente no tiene la facultad de juzgar sino que le corresponde acusar. “Se tiene que tomar una decisión estrictamente apegada a la Constitución y propongo que se vote por separado el informe”, sostuvo.
En tanto, el congresista Mario Mantilla (FP) explicó que se debe reflexionar al momento de la votación para que más adelante no culpen al Congreso por una decisión mala o buena.
La tercera vicepresidenta del Congreso, Yeni Vilcatoma, dijo que en su calidad de congresista y no como integrante de la Mesa Directiva, considera que en el desarrollo de la investigación no se ha establecido el tipo penal de organización criminal como un delito particular. No se ha establecido el hecho de quienes la integran y los roles que cumplieron en la organización criminal, sostuvo.
Por su parte, la parlamentaria Úrsula Letona (FP) observó que se ha desconocido en el informe sobre el derecho a la defensa que tienen los consejeros y el juez supremo. “El respeto a los derechos fundamentales tiene que ver con el ejercicio a la defensa. Es decir no se les ha trasladado el informe acusatorio para que ejerciten su derecho a la defensa, , expresó.
Horacio Zeballos (NP) y Richard Arce (NP) se mostraron a favor del informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y Horacio Pacori, coordinador del grupo de trabajo, lo ratificó señalando que fue elaborado en base a hechos y a una valoración objetiva.
Antes de levantar la sesión de la Comisión Permanente, el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry Villa, puso a votación la propuesta para designar al congresista Horacio Pacori como el encargado de sustentar el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ante el pleno del Congreso.
La propuesta fue aprobada por unanimidad, luego de lo cual la sesión se levantó a las 2.07 de la mañana del viernes 28.
