La Comisión de Venecia se pronunció hoy sobre el proyecto que presentó Martín Vizcarra para que se adelanten las elecciones generales al 2020 y la cuestión de confianza que formuló el Jefe de Estado al Congreso.
El organismo consultivo señaló que la Constitución Política del Perú «no establece ninguna limitación explícita con respecto a los problemas que puedan estar vinculados a una cuestión de confianza».
Anteriormente, al órgano consultivo le sorprendió que la Comisión de Constitución del Congreso, que actualmente está disuelta, archive la iniciativa antes de recibir una respuesta.
Fue el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quien pidió opinión sobre el proyecto de adelanto de elecciones que presentó el mandato de Martín Vizcarra, en la que menciona que «todo proceso de reforma constitucional debe preservar el principio de separación de poderes”.
No obstante, el órgano consultivo del Consejo de Europa indica que «vincular una reforma constitucional a una moción de confianza es inusual» y agrega que, aunque el presidente puede iniciar la reforma con la aprobación del Consejo de Ministros, «el Congreso debe ratificar los cambios».
Dice la Comisión de Venecia que para aprobar una serie de enmiendas constitucionales relativas a los poderes judicial y legislativo, Martín Vizcarra, presentó una cuestión de confianza «con la amenaza de disolver el Congreso».
Así, el Parlamento aprobó la reforma, aunque con algunos cambios en su esencia, que en opinión del mandatario distorsionan su objetivo y significan una negativa de confianza.
Vizcarra decretó la disolución del Legislativo hace dos semanas y convocó comicios legislativos. La Comisión de Venecia dice que «la decisión de disolver el Congreso no estuvo ligada a la aprobación de la reforma constitucional».
Constitución no limita
Señala que la Constitución peruana «no establece ninguna limitación explícita con respecto a los problemas que puedan estar vinculados a una cuestión de confianza».
Recomienda el organismo europeo que un proceso de reforma constitucional debe ser «aplicado de un modo abierto, transparente y democrático».
En este sentido, la opinión aconseja «dar suficiente tiempo para celebrar debates públicos e institucionales que garanticen la legitimidad de la Constitución y su desarrollo a lo largo del tiempo».
