Odebrecht no sólo demandó al Perú por US$1.200 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, sino que antes había frenado la entrega de información importante sobre los corruptos a quienes entregó dinero público.
Según revela Convoca, Odebrecht presentó recursos legales en Suiza para evitar que la compañía Safe Host, que almacena datos informáticos de corporaciones y entidades bancarias, remita a las autoridades peruanas la información original contenida en los servidores My Web Day y Drousys.
Fueron en estas plataformas dónde se oculta el detalle de los pagos ilícitos y la identidad de quienes los recibían desde el Departamento de Operaciones Estructuradas.
Las acciones de los abogados de Odebrecht, la última de las cuales se interpuso ante el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, fueron reportados el 18 de noviembre último a la fiscal superior Celia Goicochea, jefa de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y de Extradiciones de la Fiscalía del Perú, por parte del Basel Institute on Governance, fundación mediante la cual se gestiona la cooperación judicial suiza, de acuerdo con las fuentes.
Semanas antes, en octubre reciente, la fiscal federal suiza Elisabetta Tizzoni, a cargo del caso Odebrecht en el país europeo, informó al Basel Institute on Governance que la asistencia legal internacional con el Perú estaba paralizada debido a que la empresa brasileña había interpuesto procedimientos legales contra la referida coordinación entre autoridades suizas y peruanas.
Ante el Ministerio Público Federal de Suiza, la compañía que almacena los datos había expresado su consentimiento para enviar la información de los servidores encriptados al Perú a través de un trámite simplificado, indicaron las fuentes.
Por ello, la legislación suiza permitió a los funcionarios judiciales de esta nación realizar un procedimiento de cooperación judicial de forma directa con Safe Host y no necesariamente con el propietario de los datos, es decir Odebrecht.
Pero mediante sus representantes legales, la firma brasileña ha solicitado ser incluida como parte en el proceso de asistencia legal internacional, en materia penal, sobre la entrega de documentación a Perú por parte de la compañía dedicada a almacenar datos.
Aunque inicialmente esa pretensión fue desestimada por el Ministerio Público Federal de Suiza, Odebrecht ha insistido ante la siguiente instancia, en el Tribunal Penal Federal de Bellinzona, capital del cantón del Tesino.
La cooperación judicial con Suiza para obtener más información relevante sobre las actividades ilegales de Odebrecht fue iniciada en diciembre de 2016 por el fiscal Hamilton Castro, entonces responsable de las pesquisas de los casos de corrupción relacionados a las constructoras brasileñas en el Perú.
