El procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Enrique Cosavalente Chamorro, presentó una denuncia ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para que se inicie investigación preliminar contra Pedro Olaechea por presunta usurpación de funciones.
La decisión del abogado del Estado ocurre luego que el titular de la Comisión Permanente interpusiera una demanda competencial y medida cautelar ante el Tribunal Constitucional (TC) en contra de la disolución del Congreso decidido por el presidente Martín Vizcarra.
«Solicito se disponga aperturar investigación preliminar contra Pedro Carlos Olaechea Álvarez Calderón y los que resulten responsables por el delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones«, se lee en el documento difundido por Canal N.
En la solicitud se especifica que esta decisión la toman porque Olaechea presentó la demanda competencial contra el Poder Ejecutivo y una medida cautelar con la que pide que se deje sin efecto la disolución del Parlamento.
“Se puede evidenciar que el denunciado viene ostentando un cargo que no le corresponde al presentarse como presidente del Congreso de la República”, indica el pedido precisando que el único cargo que tiene es el de titular de la Comisión Permanente del Parlamento.
Pedro Olaechea responde
Al respecto Pedro Olaechea, presidente del disuelto Congreso de la República, se pronunció luego de que el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Carlos Cosavalente Chamorro, solicitara a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, disponer el inicio de una investigación preliminar en su contra.
A través de su cuenta de Twitter, expresó su «firme compromiso de defender la Constitución y el Estado de derecho en el Perú«. «Acciones como estas no me harán retroceder en ello», aseguró.
Pedro Olaechea dijo que le sorprende que ahora el presidente de la República, Martín Vizcarra, «busque evitar que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre la demanda competencial cuando antes dijo que acogería y respetaría su decisión».
«Organismos como la OEA y la Defensoría consideran que el TC debe dirimir las controversias sobre la disolución del Congreso. ¿El presidente intenta hacer de juez y parte en este asunto?», se preguntó.
En esa línea, el titular de la Comisión Permanente enfatizó que la Constitución establece que el intérprete supremo de la Carta Magna es el Tribunal Constitucional y no el jefe del Estado ni el Congreso.
«El presidente Vizcarra pretende negarle al Congreso el acceso a la justicia basándose en que está disuelto: justamente el punto sobre el que se busca que la justicia dirima. Se trata de una arbitrariedad por donde se le mire», glosó en otra publicación.
