Carlos Ramos Heredia era hasta hace poco la máxima autoridad del Ministerio Público, pero una serie de hechos cometidos cuando ejercía la función de magistrado, terminaron con su destitución y la posibilidad de ir a prisión. En tanto el congresista de la República, Heriberto Benites fue suspendido en sus funciones.
Ambos son cuestionados por sus vínculos con la red que lideró el abogado Rodolfo Orellana, quien por años manejó a jueces, fiscales y funcionarios de la SUNARP para tomar posesión de terrenos y propiedades así como otros delitos.
El pleno del Consejo Nacional de la Magistratura destituyó la tarde de este miércoles a Carlos Ramos Heredia del cargo de fiscal de la Nación tras hallarlo responsable de inconducta funcional en los casos Luis Checa, La Centralita y Dante Farro.
La decisión fue dada a conocer por Mario Álvarez Quispe, secretario general del CNM, quien señaló que se retirará las credenciales que lo acreditan como tal. “La destitución de Ramos Heredia es de ejecución inmediata”, subrayó.
En declaraciones a la prensa, detalló que el citado magistrado tiene 5 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración ante la decisión de destitución tomada por ese organismo.
Como se recuerda, Ramos Heredia estaba suspendido en el cargo de fiscal de la Nación por decisión del pleno del CNM por un plazo de seis meses, para que pueda asumir su defensa en 4 procesos disciplinarios en su contra.
CONTRA BENITEZ. En tanto, el Congreso de la República decidió, la noche de este miércoles, suspender por 120 días a Heriberto Benítez por su vínculo con el caso La Centralita tras una sesión que terminó con el voto de los legisladores en 54 a favor, 37 en contra y 6 abstenciones.
Su relación con César Álvarez, expresidente Regional de la región Áncash y con Rodolfo Orellana, además de interferir en un allanamiento fiscal a La Centralita ha sido el motivo por el que el legislativo decidió que no ejerza sus funciones por el período de tiempo ya mencionado y que deje de percibir goce de haberes.
Otro de los delitos que se le imputan a Benítez es el de presunto patrocinio ilegal en favor de César Álvarez quien fuera presidente regional de Áncash.
Luego de conocerse la decisión que pronunció la presidenta del Congreso Ana María Solórzano, Benítez tuvo una reacción poco usual, su suerte ya estaba echada y no había forma de revertirla. La Comisión de Ética, según Benítez ha evaluado el caso en tres oportunidades, de las cuales en las dos primeras no le encontraron responsabilidad ni implicancia.